El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro, registró 144 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños entre enero y agosto.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se registraron 169 víctimas fatales de violencia de género en Argentina, de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
Del total, 144 corresponden a femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 8 a transfemicidios y 17 a femicidios vinculados de varones adultos y niños. El relevamiento también contabilizó 203 hijas e hijos como víctimas colaterales, de los cuales 116 son menores de edad. El informe señala que el 53% de los agresores eran parejas o exparejas. En el detalle del vínculo, se registraron 60 parejas y 21 exparejas entre los casos relevados.
Además, el lugar donde ocurrieron los hechos vuelve a concentrarse en el ámbito doméstico: 54 víctimas fueron asesinadas en su vivienda y 48 en una vivienda compartida. En conjunto, representan el 67% de los casos con información sobre el lugar del hecho.
Femicidios y falta de acceso a la Justicia
El informe enfatiza en el vaciamiento de las políticas públicas que cuidan a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+. Allí reclama el efectivo cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establece un marco integral para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación. La norma contempla medidas de prevención, asistencia, protección y acceso a la Justicia, y obliga al Estado a desarrollar políticas públicas y servicios destinados a abordar las distintas formas de violencia de género.
También de Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, y que correspondiente a lo que fue el femicidio de Jesica Coco Campos en El Bolsón. La misma crea un régimen de reparación económica destinado a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a alguno de sus progenitores o progenitores afines como consecuencia de violencia intrafamiliar o de género. El beneficio consiste en una suma mensual equivalente a una jubilación mínima y contempla además cobertura integral de salud.
La Ley 27.210, que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género; también la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas establece medidas para prevenir y sancionar la trata y garantizar la asistencia y protección de quienes son víctimas. Dichas normativas propician la prevención de las violencias de hacia las mujeres y diversidades en proyección a su erradicación.
Crédito de imagen: Ni una menos El Maitén, banco rojo.
En cuanto a la distribución territorial, Buenos Aires encabeza los registros con 49 casos, seguida por Santa Fe, con 24, y Córdoba y Santiago del Estero, con 10 cada una. Río Negro contabilizó 2 femicidios durante el período relevado.
Entre la información adicional, el Observatorio consignó que 21 víctimas habían realizado una denuncia y que 10 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención. También se registraron 26 femicidas que se suicidaron, 14 víctimas en contexto de narcocriminalidad y 13 víctimas con indicios de abuso sexual.
A los femicidios se suman 349 intentos de femicidio durante los primeros ocho meses del año. El informe indica que 342 correspondieron a mujeres y adolescentes y 7 fueron casos vinculados. En 96 situaciones había niñas, niños o adolescentes presentes en el lugar del ataque.
Del total de intentos registrados, 53 mujeres o adolescentes habían realizado una denuncia previa, mientras que 38 agresores tenían dictada una medida cautelar de prevención. Río Negro aparece en este relevamiento con 14 intentos de femicidio, ubicándose entre las provincias con mayor cantidad de casos registrados.
Los datos de la Oficina de Violencia Doméstica
Durante la feria judicial de invierno, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron situaciones de violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto del mismo período del año anterior, mientras que se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más.
Según el informe difundido por La Casa del Encuentro, el 49% de las personas afectadas fueron mujeres de entre 18 y 59 años y el 32% correspondió a niñas, niños y adolescentes. Los vínculos de pareja o expareja representaron el 44% de las situaciones, mientras que los vínculos filiales alcanzaron el 37%.
La organización cuestionó las declaraciones del Poder Ejecutivo sobre la situación de la violencia contra las mujeres y citó una declaración del presidente: “Pulverizamos la violencia contra la mujer”. En la misma entrevista, agregó: “Si alguien hizo algo por el bienestar de las mujeres fuimos nosotros”.
Reclamo por el cumplimiento de las leyes
La Casa del Encuentro también cuestionó la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra, al considerar que se trata de una iniciativa política paralela y plantear que busca vincular la problemática de la baja de la natalidad con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En ese marco, la organización sostiene que la situación registrada durante los primeros ocho meses del año expone la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, entre ellas la Ley 26.485 de Violencia de Género, la Ley Micaela, la Reparación Económica Brisa, la creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas y la Ley de Trata.
El documento plantea el reclamo de un Estado que intervenga frente a las situaciones de violencia y sostiene que la violencia de género es un tema de Derechos Humanos. El informe concluye con un llamado a no naturalizar las violencias y a garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias.
Por Ada Augelloaaugello@infochucao.com
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