Desde este sábado 5 de septiembre rige en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite someter a proceso penal a adolescentes mayores de 14 años y establece nuevas penas, medidas alternativas, controles y modalidades de alojamiento.
Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el esquema vigente desde 1980 y modifica el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.
Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años. A partir de ahora, los adolescentes mayores de esa edad podrán ser sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de cometer delitos contemplados en el Código Penal.
La normativa mantiene un sistema penal especial para menores de 18 años, diferenciado del régimen aplicado a los adultos. El nuevo esquema combina la responsabilidad por los hechos cometidos con objetivos vinculados a la educación, la resocialización y la integración social.
Qué penas establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo régimen establece límites para las penas aplicables a adolescentes y prohíbe la prisión y la reclusión perpetua para quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad.
El máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. Además, se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena y se reúnan las condiciones establecidas para obtener ese beneficio.
La entrada en vigencia del sistema no implica que cualquier adolescente que cometa un delito vaya automáticamente a prisión. La legislación incorpora medidas alternativas al encierro, especialmente para determinados delitos y situaciones.
Entre esas herramientas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño ocasionado a la víctima, las reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas o comunitarias. También se incorpora la amonestación, que consiste en un llamado de atención formal.
Monitoreo electrónico y modalidades de alojamiento
Otra de las novedades es el monitoreo electrónico para adolescentes, que podrá utilizarse como mecanismo de control en determinadas situaciones y para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia.
Cuando un adolescente deba permanecer privado de su libertad, deberá hacerlo en instituciones especialmente acondicionadas, con personal capacitado para trabajar con menores de edad. La normativa prohíbe que adolescentes compartan espacios de alojamiento con personas adultas.
El sistema contempla distintas modalidades, entre ellas institutos abiertos, establecimientos especializados de detención y, en determinados casos, arresto domiciliario. Además, se mantiene la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en causas penales.
No podrán difundirse datos, imágenes, nombres, apodos, filiación, parentesco o domicilios que permitan identificarlos. El nuevo esquema también amplía las posibilidades de participación de las víctimas durante el proceso y el acceso a información sobre la evolución de la causa.
Qué cambia para las víctimas y los padres
La reparación del daño aparece como una de las alternativas que pueden formar parte de las medidas aplicadas a los adolescentes responsables de un delito.
Otro aspecto incorporado está relacionado con la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal. Los progenitores podrán responder civilmente por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación.
Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, comienza una nueva etapa para el sistema de Justicia Penal Juvenil argentino. La reforma modifica la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal y establece un esquema específico de penas, medidas alternativas, controles y modalidades de alojamiento.
El nuevo sistema mantiene un tratamiento diferenciado para las personas menores de 18 años y establece la resocialización como uno de los objetivos centrales, junto con mecanismos de responsabilización y alternativas al encierro.
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