La Justicia otorgó un plazo de cinco días al Gobierno Nacional para dar cumplimiento integral a la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, rechazó el pedido de revocatoria presentado por el Ejecutivo y ratificó que la medida cautelar vigente todavía no fue cumplida de manera integral.
La resolución exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
La medida cautelar quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema en junio de 2026. En este nuevo pronunciamiento, el magistrado consideró que el Gobierno acreditó solamente un cumplimiento parcial de lo ordenado.
La actualización salarial y las becas
Uno de los puntos analizados por la Justicia fue la evolución de los salarios universitarios. Para evaluar el cumplimiento de la normativa, se tomó en cuenta la inflación acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Según la resolución, las mejoras salariales aplicadas hasta el momento se encuentran por debajo de esa actualización acumulada. El planteo está vinculado con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 27.795.
El artículo 6, en tanto, está relacionado con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La Justicia también consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo no acredita el cumplimiento integral de lo dispuesto en la medida cautelar.
Ante esta situación, Cormick volvió a intimar al Estado Nacional para que cumpla con la medida dentro de un plazo perentorio de cinco días.
Astreintes por cada día de demora
La intimación fue realizada bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas diarias progresivas en caso de que persista el incumplimiento de la orden judicial.
De esta manera, el Gobierno deberá acreditar el cumplimiento integral de los puntos alcanzados por la medida cautelar dentro del plazo establecido por el juzgado.
La resolución judicial coincide con el inicio de un paro nacional de 72 horas convocado por el personal docente y no docente de las universidades públicas.
La medida de fuerza tiene entre sus reclamos la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto marcado por la continuidad de la discusión sobre la aplicación de los artículos 5 y 6 de la norma.
Sé el primero en comentar