El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir en ese plazo con la medida cautelar que ordena atender obligaciones vinculadas a salarios docentes, becas y financiamiento de las universidades.
El juez federal Martín Cormick le dio al Gobierno de Javier Milei un plazo de cinco días para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y con la medida cautelar que había dictado en diciembre. En caso de incumplimiento, advirtió que aplicará astreintes, es decir, condenas pecuniarias por cada día de demora.
La decisión se conoció mientras las universidades nacionales avanzan con medidas de fuerza y después de distintos cruces judiciales entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios. Cormick había rechazado previamente el pedido oficial para dejar sin efecto la cautelar.
En su resolución, el magistrado señaló: “Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró la resolución como un avance: “Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”.
El conflicto judicial por el financiamiento universitario
Bartolacci también planteó que las universidades esperan que el Gobierno cumpla con la resolución judicial. “Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, afirmó.
El CIN inició en octubre del año pasado una presentación judicial para reclamar el cumplimiento de la LFEU. El 23 de diciembre, Cormick dictó una medida cautelar para que el Gobierno pagara lo adeudado. La decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y el 25 de junio la Corte ratificó lo resuelto por el juez.
En junio, el Ministerio de Capital Humano informó a Cormick sobre un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. El acta contemplaba una transferencia del 24,33% a las universidades para salarios, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y un aumento de la partida destinada a los hospitales universitarios.
El CIN respondió que la firma del documento no implicaba renunciar a su posición y sostuvo que se trataba de una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno pidió levantar la cautelar
El 21 de agosto se realizó una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la medida cautelar. El argumento oficial fue que las transferencias parciales realizadas a las universidades habían hecho desaparecer el requisito del peligro en la demora.
El juez rechazó ese planteo el 1 de septiembre y recordó al Ministerio de Capital Humano que la cautelar debía mantenerse hasta que dictara una sentencia definitiva. Las universidades reclaman que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.
El 1 y el 17 de septiembre hubo nuevas reuniones entre representantes del Gobierno, gremios y universidades, pero en ninguno de los encuentros se alcanzó un acuerdo. La semana pasada, Capital Humano presentó además un escrito en el que afirmó que los salarios docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año.
Las universidades cuestionan los números del Gobierno
Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez y señalaron que la única oferta salarial realizada desde el inicio de la gestión había sido la de junio, que tampoco se había terminado de pagar. Según los cálculos de las universidades, existe un desfasaje del 35%.
Por el momento, según fuentes universitarias, no está prevista una nueva reunión con Capital Humano. En las universidades también sostienen que el ciclo lectivo 2027 corre riesgo si se aprueba el Presupuesto enviado por el Gobierno, porque congelaría los salarios y profundizaría el desfinanciamiento de las casas de altos estudios.
En las próximas semanas, las universidades nacionales realizarán paros escalonados hasta llegar a la quinta marcha federal universitaria, convocada para el 15 de octubre, con el reclamo de que el Gobierno de Milei cumpla con la ley.
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