La Secretaría de Industria y Comercio derogó regulaciones vinculadas a precios, abastecimiento y programas ya dados de baja, con el objetivo de reducir la burocracia y simplificar las relaciones de consumo.
El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 71 regulaciones comerciales que influyen en los precios, en el marco de un proceso de simplificación normativa.
Según la Secretaría de Industria y Comercio, la decisión busca reducir cargas innecesarias en el sector privado. El organismo señaló que las disposiciones eliminadas “habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”.
La medida se hizo efectiva mediante la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Eliminación de normas históricas
En el detalle, se dio de baja a 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, derogada a comienzos de la actual gestión.
Al respecto, desde Comercio se indicó que “algunas de estas resoluciones tienen más de 50 años de vigencia y representan trabas burocráticas en las relaciones de consumo”.
El organismo subrayó que las normas eliminadas tenían incidencia en sectores productivos y comerciales, sin efectos prácticos en la actualidad.
Ámbitos alcanzados por la medida
Entre las funciones de las disposiciones derogadas, Comercio precisó que “exigen a las empresas de productos e insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; solicitan información a productores y comercializadores de algodón; establecen mecanismos de regulación de precios; intervienen en la distribución y producción de Gas Oil, distorsionando los precios finales; fijan precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; entre otras”.
Además, se informó que serán derogadas 24 normas que regulaban el funcionamiento del COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), un organismo que ya había sido eliminado.
La decisión se enmarca en un proceso de revisión de regulaciones iniciado por el Gobierno para simplificar las relaciones entre el Estado, los productores y los consumidores.
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