La Mesa Provincial de Barrios Populares se reunió por primera vez y advirtió sobre el impacto de una posible reforma impulsada por el Ejecutivo nacional que limita el acceso a servicios públicos, básicos para la vida, además de atentar contra el derecho a una vivienda digna.
El pasado jueves 30 de abril se realizó el primer encuentro provincial de la Mesa de Barrios Populares de Río Negro, un espacio integrado por vecinas, vecinos delegados y organizaciones sociales y civiles de distintas localidades. La convocatoria surgió en defensa de la Ley de Barrios Populares ante la preocupación por un proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por el Gobierno nacional.
En ese contexto, Paola Oyarzo, referente del MTE en la Comarca Andina, y también de la Mesa en la región Andino Patagónica, explicó que “esta mesa de barrios populares se gesta un poco para defender la ley nacional de barrios populares, porque hay una preocupación muy grande, muy real, respecto de este proyecto que se va a presentar de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ejecutivo Nacional y que podría modificar algunos aspectos clave de la normativa vigente”.
La referente remarcó que la Ley 27.453, aprobada en 2018, brinda un marco de protección para quienes viven en estos territorios. “Es una ley que de alguna manera protege a quienes habitamos en estos territorios, le dio un marco normativo y también brindó herramientas para poder atender al problema estructural y habitacional que sufrimos en los barrios populares”, sostuvo.
Además, señaló que en la provincia existen 240 barrios populares, lo que refleja la magnitud de la problemática habitacional. “Sabemos que es un número grande y es un número de la población que necesita que estas leyes sigan existiendo”, indicó.
Organización territorial y acceso a derechos
Oyarzo explicó que la conformación de mesas locales y provinciales responde a la necesidad de organización ante un escenario de incertidumbre. “Este encuentro surge por todos los barrios que existen en la provincia, que son miles de familias que viven en condiciones con difícil acceso a servicios básicos y con el problema de la titularidad de la tierra”, afirmó.
En esa línea, advirtió sobre las dificultades que enfrentan las familias para proyectar su vida. “Es muy difícil poder proyectar una vida en una tierra que sabés que en cualquier momento puede llegar a sufrir un desalojo o algún problema judicial”, expresó.
La dirigente señaló que la normativa vigente permite avanzar en procesos de regularización. “La ley posibilitaría que en algún momento se pudiera regularizar la situación de muchísimas familias, dando seguridad jurídica y la posibilidad de acceso a servicios básicos”, explicó.
Sin embargo, alertó que las modificaciones en estudio podrían impactar directamente en esas garantías. “Afectarían la posibilidad de ser desalojados”, afirmó.
Riesgo de desalojos y cambios en la normativa
Sobre ese punto, Oyarzo detalló que algunos artículos de la ley actualmente protegen a las familias frente a conflictos judiciales. “El cambio de esta ley podría hacer que los procesos sean mucho más rápidos y que los desalojos se lleven a cabo mucho más rápido”, sostuvo.
También mencionó el rol de distintos sectores en el debate, incluida la Iglesia católica, que expresó críticas a la reforma. En paralelo, destacó que en El Bolsón se busca conformar una mesa local que incluya a los 28 barrios populares existentes.
La referente subrayó además el impacto del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) en la ejecución de obras. “Gracias a ese fondo se pudieron lograr obras en la localidad”, indicó.
En ese sentido, detalló que el MTE realizó 17 obras en barrios populares, incluyendo mejoramientos habitacionales y conexiones a servicios. También mencionó intervenciones municipales que permitieron el acceso a agua y electricidad para unas 200 familias.
Obras frenadas y falta de servicios básicos
A pesar de esos avances, Oyarzo advirtió sobre la paralización de proyectos. “En la provincia hay por lo menos 15 obras frenadas de urbanización en los barrios y sabemos que no es suficiente”, señaló.
La situación se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales. “Todavía quedan un montón de barrios sin acceso a cloacas, red eléctrica formal o agua potable”, indicó.
En relación a la coyuntura, sostuvo que más allá de versiones sobre posibles cambios en el proyecto nacional, no hay respuestas de fondo. “La problemática estructural de los barrios sigue existiendo”, afirmó.
Además, describió situaciones concretas en El Bolsón, como barrios sin agua durante días o sin suministro eléctrico por semanas. “Durante el verano se nota muchísimo el poco acceso al agua o ningún tipo de acceso”, expresó.
Reclamo a los gobiernos y continuidad de las políticas
Frente a este escenario, desde las mesas impulsan gestiones ante distintos niveles del Estado. “Nuestra propuesta es poder hablar con los distintos legisladores para hacerles llegar esta problemática y que se puedan posicionar”, explicó.
También remarcó la necesidad de intervención estatal. “Los gobiernos municipales y provinciales tienen que hacerse cargo de esta situación”, sostuvo.
Finalmente, Oyarzo insistió en la importancia de sostener tanto el marco legal como las obras en ejecución. “Es importante que se defienda esta ley y que se le dé continuidad a las obras de infraestructura y urbanización que le iban a cambiar la vida a un montón de familias”, afirmó. Y concluyó: “Somos personas quienes vivimos en los barrios populares y necesitamos también vivir dignamente”.
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