La Legislatura aprobó cambios en la normativa vigente desde 2009, con foco en modernización tecnológica, desregulación y acceso a medicamentos en todo el territorio provincial.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una reforma de la ley de farmacias que modifica el marco normativo vigente desde 2009. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, apunta a adaptar el sistema a nuevas condiciones tecnológicas y económicas.
La iniciativa se estructura en torno a tres ejes: modernización tecnológica, desregulación comercial y optimización de los recursos profesionales, con el objetivo de modificar tanto la experiencia de los usuarios como el funcionamiento del sector.
Uno de los cambios centrales es la obligatoriedad de la receta electrónica en todo el territorio provincial. Además, se incorpora la figura de la Prescripción Diferida, que permite recetas mensuales por hasta seis meses para tratamientos crónicos.
También se formaliza la telefarmacia, habilitando la atención a distancia sin la presencia física del paciente. A su vez, se autoriza la entrega a domicilio de medicamentos, con la condición de que no se realice mediante servicios de cadetería externos y quede bajo responsabilidad del director técnico.
Nuevas reglas para instalación y propiedad de farmacias
En relación con la ubicación de farmacias, la norma establece que la instalación será libre, pero fija distancias mínimas: 200 metros en localidades de menos de 15.000 habitantes y 400 metros en aquellas con mayor población. En caso de traslado, no se podrá superar un radio de 200 metros respecto de la ubicación original.
El régimen de propiedad también se modifica. Las farmacias podrán pertenecer a personas humanas o jurídicas, incluyendo sociedades de responsabilidad limitada y comanditas simples, mientras que quedan excluidas las sociedades anónimas.
Además, se habilita la titularidad por parte de obras sociales, mutuales, cooperativas y organizaciones gremiales, siempre que cumplan con la normativa vigente. En todos los casos, se mantiene la exigencia de un director técnico farmacéutico.
La ley contempla excepciones para localidades con un solo profesional, permitiendo que un farmacéutico asuma la dirección técnica de más de un establecimiento. También se redefine el rol de Pro.Fa.R.Se., que podrá proveer medicamentos directamente a farmacias o a la población mediante convenios.
Debate legislativo: posiciones y cuestionamientos
Durante el debate, Andrea Escudero sostuvo que “no sólo cambió la tecnología, sino también la demografía y el sistema de salud”, y definió a la farmacia como “un establecimiento sanitario esencial”. Además, afirmó que “más farmacias no destruyen la profesión, la potencian. Generan más trabajo y garantizan mayor accesibilidad”.
Por su parte, Magdalena Odarda señaló que “adherimos al modelo sanitario y descartamos el modelo mercantil”, y advirtió sobre el riesgo de considerar a la farmacia como “un mero comercio regido por las leyes del mercado”.
José Luis Berros cuestionó el tratamiento del proyecto y afirmó que “desde que ingresó el proyecto hasta hoy ya hubo varios cambios”. También planteó: “¿Es necesario estar a último momento cambiando puntos y comas?” y propuso que la iniciativa vuelva a comisión.
En la misma línea, agregó: “No vengo a hacer politiquería, pero hagámoslo bien” y cerró con críticas al proceso: “No hagamos papelones ni leyes para hacer videítos de ‘más libertad’”.
Ejes del modelo sanitario y rol del Estado
Leandro García planteó que “no es tanto el tipo societario” y remarcó que la discusión central pasa por la relación entre propiedad y dirección técnica. En ese sentido, sostuvo que separar ese vínculo puede afectar la trazabilidad y la calidad del servicio.
Luciano Delgado Sempé expresó su rechazo a las sociedades anónimas al señalar que “no sabemos quién está detrás” y afirmó: “Estamos hablando de medicamentos, de drogas que van a nuestra población. Tiene que haber un responsable técnico, pero ese responsable también debe ser dueño”.
Yolanda Mansilla acompañó la reforma, aunque indicó: “Vemos con buenos ojos esta modificación porque es necesaria”, y destacó los cambios en los criterios de territorialidad basados en cantidad de habitantes.
Finalmente, Juan Martín sostuvo que “estamos en una encrucijada” y afirmó que “la fortaleza de una norma nace del consenso”. También remarcó: “Desregular no implica ausencia de reglas. El Estado debe garantizar equilibrio entre intereses”.
El cierre estuvo a cargo de Facundo López, quien defendió las modificaciones introducidas y expresó: “No tengo problema en dialogar ni en ajustar la redacción”.
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