El Ejecutivo ratifica su estrategia de no involucrarse en la investigación judicial mientras avanzan denuncias, filtraciones y pedidos de informes en el Congreso.
En medio del avance de la causa $LIBRA y la difusión de nuevas evidencias, el Gobierno nacional optó por sostener una postura de no intervención y descarta impulsar acciones desde el ámbito administrativo. La decisión se mantiene aun cuando la investigación judicial menciona a funcionarios del Gabinete y al propio presidente Javier Milei.
El conflicto escaló tras la aparición de un presunto contrato por cinco millones de dólares vinculado a la promoción del activo, junto con la difusión de chats que involucran a la ministra Sandra Pettovello y al imputado Mauricio Novelli. En este contexto, el oficialismo sostiene una estrategia de prescindencia institucional.
Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, la directiva es no intervenir en una causa en trámite. En ese sentido, remarcan que el aporte del Ejecutivo ya se concretó con la actuación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que fue disuelta meses después de su creación en 2025.
La defensa del Presidente quedó en manos del abogado Francisco Oneto, quien centraliza la representación legal para separar el rol institucional de las acciones personales investigadas. En paralelo, desde el oficialismo indicaron que “el Ministerio está al margen porque no se mete en causas en trámite”, según señalaron desde la mesa judicial libertaria.
Filtraciones, denuncias y el rol de la Procuración
Mientras el Gobierno evita intervenir en el fondo de la causa, las filtraciones de información generaron malestar interno. La Procuración General de la Nación inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal para determinar quiénes difundieron los chats y contratos vinculados al expediente.
El ministro Juan Bautista Mahiques aclaró que la denuncia apunta a integrantes de la DATIP por la difusión de elementos clave de las pericias realizadas sobre los teléfonos de Mauricio Novelli. En ese marco, el funcionario remarcó: “Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la ‘DATIP’ (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)”.
El organismo, encabezado por Eduardo Casal y dependiente del Poder Judicial, abrió una investigación interna para determinar cómo se filtraron los datos del expediente y establecer responsabilidades.
En paralelo, fuentes del Ministerio de Justicia indicaron a Infobae que no se aportará nueva información a la causa, tal como se había hecho previamente a través de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).
Presión política y avances en la investigación
Mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del caso, la oposición en el Congreso acelera los pedidos de informes. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que las pruebas conocidas confirman una “participación premeditada” en relación al desarrollo y promoción del token.
Uno de los puntos más sensibles del expediente está vinculado a los peritajes de llamadas, que indicarían comunicaciones entre el Presidente y los desarrolladores del activo minutos antes de su difusión en redes sociales a comienzos de 2025.
La investigación, que en sus inicios se presentó como una herramienta destinada a pymes, derivó en una causa por asociación ilícita y estafa, con nuevas líneas de análisis a partir de las pruebas incorporadas.
Pese a este escenario, desde el Gobierno ratifican que mantendrán la decisión de no involucrarse en la causa $LIBRA, al tiempo que descartan la adopción de medidas adicionales, mientras continúan los cuestionamientos políticos y judiciales.
Sé el primero en comentar