El juez volvió a negar la suspensión de juicio a prueba y la causa avanza hacia una nueva instancia, en medio de cuestionamientos de la defensa, la fiscalía y la víctima.
La discusión por la suspensión de juicio a prueba en una causa por amenazas y lesiones en El Bolsón volvió a escalar tras un nuevo rechazo judicial, en un expediente que ya ha generado controversias entre la defensa, la fiscalía y la querella. El caso involucra a Hugo Víctor Araneda, quien deberá enfrentar un proceso oral luego de que se desestimara esa alternativa.
En la última audiencia, tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal cuestionaron el fallo previo del juez, al considerar que había sido construido sobre una sola versión del conflicto. “Solo había escuchado a la querella y a la víctima, y sobre eso había basado su fallo”, señalaron desde las partes intervinientes.
Ese planteo apuntó a lo que interpretan como una limitación al derecho de defensa, al sostener que no se contempló la totalidad de las posiciones en juego. En esa línea, remarcaron que la decisión se apoyó en elementos que consideraron incompletos dentro del proceso.
A la par, la querella volvió a sostener su postura de rechazo a la probation, en línea con lo que ya había expresado en instancias anteriores, donde insistió en que el caso no debía resolverse mediante una salida alternativa.
Debate por el momento procesal del pedido
Durante la audiencia también se reactivó la discusión sobre la oportunidad procesal para solicitar la suspensión de juicio a prueba. La querella planteó que el pedido sería extemporáneo, en función de criterios atribuidos al procurador general.
“Este instituto solo puede ser aplicado o solicitado antes de la audiencia de control de acusación”, se argumentó durante la exposición, en referencia a un momento procesal que ya habría sido superado en junio de 2025.
Sobre esa base, la presentación fue calificada como improcedente. “Sería extemporal”, indicaron desde la querella, en un planteo que tensiona la interpretación del Código Procesal y su aplicación en este caso.
El debate no es menor, ya que la aceptación o rechazo de ese criterio puede impactar en futuras causas, al definir límites sobre cuándo puede pedirse este tipo de beneficio.
Nuevo rechazo judicial y pasos a seguir
Finalmente, el juez interviniente volvió a denegar la solicitud y entendió el alcance de la resolución previa que había rechazado la probation. La causa, así, continúa su camino hacia el juicio oral.
Tras esa decisión, la defensa adelantó que avanzará con una impugnación. “Nos vamos a impugnar”, señalaron tras el fallo adverso.
En contraste, la fiscalía no expresó una postura pública durante ese tramo de la audiencia ni anunció medidas inmediatas. Ese silencio fue interpretado dentro de la audiencia como un dato relevante en el desarrollo del proceso.
El trasfondo del planteo fiscal había girado en torno a evitar la generación de precedentes que limiten el acceso a la suspensión de juicio a prueba cuando se cumplen las condiciones legales, apoyándose en antecedentes jurisprudenciales.
El testimonio de la víctima y el eje en el temor
Durante su intervención, la víctima rechazó la caracterización de su postura como una reacción emocional vinculada al enojo. “No estaba enojado, lo que ocurría era miedo”, afirmó.
En su exposición, señaló que ese temor no solo lo involucra a él, sino también a su entorno familiar. “Miedo no solamente por mí, sino por mi familia”, agregó.
También hizo mención a antecedentes que, según su relato, refuerzan su posición. “Había roto la perimetral el año pasado”, indicó sobre el imputado, y aseguró que existieron nuevas amenazas.
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