El caso por lesiones y amenazas vuelve a una instancia clave el 27 de abril, mientras la víctima cuestiona el accionar del Ministerio Público Fiscal y advierte dilaciones en la causa.
El proceso judicial por lesiones y amenazas que tiene como imputado a Hugo V. Araneda sumó un nuevo capítulo en El Bolsón, tras la presentación de dos impugnaciones vinculadas a la suspensión del juicio a prueba. La causa tiene como denunciante a Raúl Yuyo Brigues, quien cuestionó el avance del expediente y apuntó contra el rol del fiscal Francisco Arrien.
Según se informó, tanto la defensa de Araneda como el propio fiscal impugnaron el fallo del juez Pichetto, que había rechazado el pedido de suspensión del juicio a prueba. La próxima audiencia de revisión quedó fijada para el 27 de abril, instancia que será determinante para el futuro del proceso.
En ese contexto, Brigues señaló que la defensa busca acceder al beneficio procesal y sostuvo que el fiscal acompañó ese planteo. “Le corresponde a la defensa darle a su defendido la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba, y así también me lo hizo entender el fiscal Francisco Arrien”, expresó.
Sin embargo, el denunciante cuestionó con dureza la postura del Ministerio Público Fiscal. “Es tal el afán de Arrien justamente de salvar a Araneda… que debe haber algún tipo de contubernio, algún tipo de pacto político para salvar a Araneda de ir a un juicio oral y público”, afirmó.
Críticas al accionar fiscal y planteos sobre el proceso
Brigues remarcó que el objetivo de la querella no es anticipar una condena sino avanzar hacia el juicio. “Nosotros ni siquiera estamos pidiendo la condena de antemano, estamos pidiendo llegar a juicio”, sostuvo.
En ese marco, también cuestionó la evolución del rol de la fiscalía dentro de la causa. Recordó que inicialmente acompañó la acusación, pero que luego cambió su postura. “Se ve que esto se cae en las caretas con el tiempo”, manifestó.
El denunciante también hizo referencia a hechos previos y a situaciones que, según indicó, no fueron consideradas en el expediente. “No podés dejar de contemplar el contexto de lo que está sucediendo”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de actuación de oficio ante episodios de violencia.
En ese sentido, planteó interrogantes sobre la actuación judicial. “¿No había ahí un delito de flagrancia?”, señaló, al referirse a hechos ocurridos en 2025 que, según indicó, fueron informados a la fiscalía en tiempo real.
Denuncias de amenazas y antecedentes
Brigues también mencionó antecedentes de amenazas vinculadas al conflicto. Indicó que algunos episodios no fueron denunciados en su momento, pero que forman parte del contexto general. “Ahí ya empezaron las amenazas que circulaban en ciertos grupos… que iba a haber consecuencias. Bueno, las consecuencias llegaron”, afirmó.
Además, señaló situaciones más recientes vinculadas a redes sociales y a su exposición pública. “Algún comentario falto de criterio… perfiles restringidos, ninguno que dé la cara”, describió.
El denunciante sostuvo que estos elementos no fueron considerados por el fiscal. “Todo eso no tiene consideración para el fiscal Arrien”, indicó, y agregó que incluso se habrían incumplido medidas como restricciones perimetrales.
También cuestionó la valoración de estos hechos dentro del expediente. “Para él no es relevante”, afirmó, al referirse a la postura del Ministerio Público Fiscal.
Intervención política y expectativa por la audiencia
En paralelo, Brigues mencionó la intervención de la legisladora Magdalena Odarda, quien realizó una carta pública solicitando la actuación del procurador general Jorge Crespo. “La celebro”, expresó sobre esa iniciativa.
El denunciante consideró que la situación trasciende lo judicial. “El Ministerio Público Fiscal está dando respuesta al poder político”, afirmó, y volvió a mencionar la existencia de un “contubernio”.
En cuanto al proceso, advirtió que podría extenderse en el tiempo. “Arrien adelantó que va a ir a la Corte Suprema… va a seguir pateando la pelota para adelante”, sostuvo.
Finalmente, Brigues reconoció el desgaste personal que implica la causa. “Es desgastante… yo pensé que se terminaba el 23 y 24 pasado”, expresó, y remarcó su preocupación por la continuidad de las amenazas.
A la espera de la audiencia del 27 de abril, el caso mantiene en tensión el avance hacia un juicio oral y público, mientras se multiplican los cuestionamientos al desarrollo del proceso.
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