El Gobierno de Chubut prorrogó por dos años la emergencia carcelaria debido a la sobrepoblación de personas detenidas y las condiciones edilicias de los lugares de detención, según un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno de Chubut declaró el estado de emergencia carcelaria por el plazo de dos años, mediante el decreto 1090 fechado el 27 de julio y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma fue firmada por el gobernador Nacho Torres, el ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi y el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz.
Entre los fundamentos de la medida se menciona un informe de la Dirección General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social sobre la situación actual del sistema. En ese documento, “Los funcionarios intervinientes ponen de manifiesto la necesidad de prorrogar la emergencia, teniendo en cuenta la sobrepoblación de internos y las condiciones edilicias actuales de los lugares de detención”, señala el decreto.
También se incorpora un oficio del jefe del Área Penitenciaria de la Policía, que analiza la situación de los establecimientos de detención. Allí se indica que existe una problemática vinculada con la cantidad de personas alojadas tanto en el Instituto Penitenciario Provincial como en otras dependencias policiales que funcionan como unidades carcelarias.
Los fundamentos de la prórroga de la emergencia carcelaria
El decreto sostiene que el Estado Provincial “ejecuta en forma permanente diferentes acciones tendientes a garantizar la plena observancia de los derechos y garantías constitucionales en la ejecución de las penas privativas de la libertad en el ámbito de las unidades de detención a su cargo”, según el texto oficial.
Además, la norma afirma que “Es permanente la inversión en infraestructura carcelaria” y agrega que “además se avanza en la creación de un servicio penitenciario autónomo, con la plena capacitación y profesionalización de sus integrantes”, de acuerdo con el decreto.
En ese mismo sentido, el Gobierno sostiene que “La transformación de la realidad penitenciaria es una política fundamental para la salida a la situación de emergencia, en tanto garantiza las condiciones de habitabilidad y el efectivo cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad”, según el texto publicado.
El decreto sostiene que persisten las condiciones que motivan la medida
Pese a las acciones mencionadas, el decreto indica que “subsisten los escenarios descriptos, que afectan las condiciones de detención, y ameritan la declaración de emergencia”. Finalmente, la norma concluye que la medida “permitirá afrontar y resolver la problemática suscitada en el ámbito penitenciario”, según el decreto.
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