
Una agente policial fue condenada este lunes a dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación especial, tras ser hallada penalmente responsable por un hecho de vejaciones ocurrido en la Comisaría 12° de El Bolsón en febrero de 2023.
Este lunes, en el marco de un juicio abreviado acordado entre la fiscalía, la querella y la defensa particular, se dictó condena contra una agente policial por el delito de vejaciones. El hecho ocurrió en la Comisaría 12° de El Bolsón en febrero de 2023.
De acuerdo con la acusación, la empleada policial obligó a una mujer detenida a realizar prácticas vejatorias, además de proferir amenazas.
El fiscal explicó que el acuerdo se basó en la evidencia reunida durante la investigación, que incluyó el testimonio de la víctima y de otra mujer detenida esa madrugada, declaraciones de familiares y personal policial, además de informes médicos y psicológicos que acreditaron el daño ocasionado.
Consentimiento de la víctima y homologación judicial
La víctima prestó su consentimiento para esta vía de resolución, quedando la propuesta sujeta a homologación por parte del magistrado interviniente.
En la audiencia, la imputada reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la calificación legal propuesta, además de manifestar su conformidad con el acuerdo. También hizo uso de la palabra antes de la resolución.
El magistrado aceptó el acuerdo y declaró penalmente responsable a la acusada por el delito de vejaciones, en los términos del artículo 144 bis, inciso tercero, del Código Penal.
La condena y las pautas de conducta
La agente fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional, junto con una inhabilitación especial de cuatro años para ejercer funciones relacionadas con la custodia de personas privadas de libertad.
Entre las pautas de conducta se dispuso la prohibición de portar armas, de realizar tareas de prevención con contacto ciudadano y de acercamiento o contacto con la víctima. También deberá presentarse periódicamente ante el IAPL y asistir a un curso de derechos humanos.
El magistrado aclaró que la definición de otras tareas administrativas quedará bajo responsabilidad de la institución policial.
Resolución firme
La sentencia quedó firme tras la renuncia de todas las partes a los plazos procesales establecidos.

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