La Federación Económica de Santa Cruz y el Bloque Patagónico de CAME cuestionaron la reforma impulsada en Diputados y alertaron sobre el impacto que tendría en hogares, comercios y PyMEs de la región.
La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) manifestó su preocupación por los cambios aprobados recientemente en Diputados sobre el régimen de Zona Fría y advirtió que las boletas de gas podrían aumentar entre un 30% y un 50% en la Patagonia.
El planteo también fue respaldado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que a través de su Bloque Patagónico expresó su rechazo a las modificaciones impulsadas sobre el esquema de subsidios energéticos.
Según explicaron las entidades empresarias, el subsidio dejaría de calcularse sobre el total de la factura y pasaría a aplicarse únicamente sobre el valor del gas en boca de pozo. De esta manera, quedarían excluidos costos como transporte, distribución e impuestos.
Desde la Federación Económica de Santa Cruz señalaron: “La boleta que recibirán los santacruceños será más cara”, y alertaron sobre el impacto que esto tendría durante los meses de bajas temperaturas, cuando el gas se vuelve un servicio esencial para los hogares patagónicos.
CAME advirtió por el impacto económico en la Patagonia
En un comunicado conjunto, las entidades que integran el Bloque Patagónico de CAME remarcaron que la región presenta condiciones climáticas y geográficas que vuelven indispensable el consumo energético durante gran parte del año.
“La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año”, expresaron desde CAME.
Además, sostuvieron que limitar el beneficio únicamente al valor del gas en origen trasladará mayores costos a usuarios residenciales y comerciales. “Generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”, advirtieron.
En medio del debate legislativo, también creció la incertidumbre en Río Negro y Chubut. Aunque ambas provincias continuarían dentro del régimen de Zona Fría, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional podría modificar el alcance de los subsidios para algunos usuarios, especialmente tras la ampliación aplicada en 2021.
Río Negro y Chubut seguirían dentro de Zona Fría
De acuerdo con los borradores difundidos tras la media sanción en Diputados, las provincias patagónicas continuarían incluidas dentro del esquema histórico de descuentos sobre las tarifas de gas.
Sin embargo, algunas versiones del proyecto plantean que los subsidios podrían concentrarse en hogares de menores ingresos, mientras que usuarios de ingresos medios o altos podrían enfrentar revisiones sobre el porcentaje subsidiado.
Otro de los puntos que genera preocupación en ciudades de Río Negro y Chubut es el impacto de los aumentos generales en las tarifas energéticas. Incluso manteniéndose dentro del régimen de Zona Fría, las boletas podrían registrar subas por el incremento del precio base del gas y la reducción de subsidios nacionales.
Las entidades empresarias también señalaron que las pequeñas y medianas empresas de la región atraviesan un escenario marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras.
Las entidades patagónicas pidieron abrir una instancia de diálogo
Desde el sector empresarial alertaron que una mayor presión tarifaria podría profundizar la desaceleración económica y afectar el sostenimiento del empleo en distintas provincias de la Patagonia.
En ese contexto, remarcaron que la región no reclama beneficios excepcionales, sino el reconocimiento de condiciones estructurales vinculadas al clima y a los costos energéticos.
“El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país”, señalaron desde el Bloque Patagónico de CAME.
El pronunciamiento fue acompañado por entidades empresarias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que pidieron abrir una instancia de diálogo institucional y federal antes de avanzar con la implementación definitiva de la reforma.
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