La Asociación de Pobladores Rurales presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Esquel por presuntas irregularidades en el manejo del incendio forestal activo desde diciembre en el Parque Nacional Los Alerces.
La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Esquel contra autoridades del Parque Nacional Los Alerces por presuntos abusos de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negligencia e inobservancia de las leyes ambientales, en el marco del incendio que permanece activo desde diciembre de 2025.
Según la presentación judicial, el foco ígneo se habría iniciado tras la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica en el área intangible del brazo sur del Lago Menéndez, una zona de máxima protección ambiental y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Desde la Asociación sostienen que la respuesta oficial fue tardía y sin planificación adecuada.
En la denuncia se afirma que “la respuesta fue insuficiente y permitió la propagación del incendio sobre vastas superficies del parque y de la Reserva Nacional”, señalaron desde la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces, al describir el accionar inicial frente al avance del fuego.
El escrito apunta contra el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Danilo Hernández Otaño, la jefa de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y otros integrantes de la cadena jerárquica, y solicita que se investigue su rol en las decisiones adoptadas durante el combate del incendio.
Cuestionamientos al despliegue operativo
De acuerdo con la denuncia, en el inicio del incendio se dispuso el envío de entre 30 y 40 brigadistas, pese a que había personal disponible en otras regiones del país. “No se convocaron refuerzos adicionales aun cuando se reconocía que la cantidad de combatientes era insuficiente”, indicaron desde la Asociación de Pobladores Rurales.
Los denunciantes sostienen que funcionarios del área justificaron esa decisión por considerar riesgoso concentrar más personal en un mismo punto y optaron por mantener a los brigadistas en sus lugares de origen, un criterio que es cuestionado en la presentación judicial.
También se advierte que el incendio fue declarado como “contenido” cuando ya se habían visto afectadas al menos 287 hectáreas, con una dotación de 16 combatientes y dos guardaparques asignados al área. Para la Asociación, ese despliegue no se correspondía con la magnitud del siniestro.
En ese contexto, remarcaron que “la subestimación del fuego y la falta de recursos agravaron el escenario desde las primeras etapas del incendio”, según consta en la denuncia presentada ante la Justicia Federal de Esquel.
Daños ambientales y reclamo judicial
El incendio afecta bosques milenarios de alerce (Fitzroya cupressoides) y otros ecosistemas protegidos por leyes nacionales y tratados internacionales. Desde la Asociación señalaron que “no se trata de bienes reparables económicamente, sino de patrimonio natural irreversible”, y reclamaron el máximo nivel de protección estatal.
Además del impacto ambiental, la denuncia da cuenta de pérdidas totales para pobladores rurales, con destrucción de viviendas, animales y medios de subsistencia. A esto se suma el efecto sobre el turismo, una de las principales actividades económicas de la región andina.
El escrito incorpora documentación elaborada por la guardaparque Lorena Ojeda, quien habría advertido situaciones similares en incendios anteriores. Según la Asociación, “esas advertencias fueron desoídas y derivaron en acciones administrativas contra la trabajadora”, sin que se produjeran mejoras operativas.
Finalmente, desde la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces solicitaron que la Justicia Federal investigue responsabilidades penales. “La gravedad de los hechos excede cualquier discusión administrativa”, afirmaron, y señalaron que el accionar de las autoridades evidencia ineficiencia, improvisación y falta de planificación.
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