La entidad empresaria del oeste chubutense expresó preocupación y rechazo por la falta de políticas de prevención de incendios forestales y apuntó contra autoridades del Parque Nacional Los Alerces.
La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH) difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación y rechazo ante la reiterada falta de políticas eficaces de prevención y control de incendios forestales en la Patagonia andina, con foco en los parques nacionales y, en particular, en el Parque Nacional Los Alerces.
El pronunciamiento cuenta con el acompañamiento de la Federación Empresaria del Chubut (FECH) y la adhesión de las cámaras de comercio de Trevelin, Lago Puelo, Epuyén y El Maitén, que cuestionaron el accionar de las autoridades responsables y reclamaron la renuncia de funcionarios de la Administración de Parques Nacionales.
Desde la entidad señalaron que existen antecedentes reiterados sobre el avance del fuego en la región. “Existen evidencias concretas y sostenidas en el tiempo de que la frecuencia e intensidad de los grandes incendios forestales se ha incrementado de manera alarmante”, indicaron desde CAMOCH, y advirtieron sobre el impacto en los recursos naturales, económicos y sociales.
En el mismo sentido, afirmaron que la situación no es nueva ni imprevisible. “Más allá de las discusiones sobre el cambio climático, lo cierto es que, independientemente del gobierno de turno, nuestras comunidades continúan padeciendo incendios que solo generan más pobreza, pérdida de empleo, destrucción productiva y daños irreversibles”, expresaron desde la cámara empresaria.
Críticas a la falta de prevención
El comunicado apuntó de manera directa a la preparación previa a la temporada estival. “Resulta inadmisible que, con pronósticos claros de un verano extremadamente seco, se haya evidenciado una alarmante desidia y negligencia en la preparación y aplicación de medidas básicas”, sostuvieron desde CAMOCH.
Entre los puntos señalados mencionaron la ausencia de restricciones efectivas en el uso del fuego, el incumplimiento de protocolos ante caídas de rayos y la falta de ajustes operativos frente a la emergencia hídrica prevista con anticipación. También cuestionaron la carencia de controles y vigilancia activa en zonas consideradas críticas.
La entidad puso en duda la respuesta oficial frente a focos ígneos de origen natural. “Las autoridades responsables hablan de prevención, pero los hechos demuestran lo contrario”, afirmaron, y se preguntaron por la falta de una respuesta rápida ante incendios iniciados por rayos, que pueden desarrollarse de forma lenta bajo la hojarasca o dentro de los árboles.
En esa línea, plantearon interrogantes sobre la asignación de recursos. “¿Es realmente imposible asignar recursos para mantener guardias preventivas en zonas afectadas durante el tiempo necesario?”, cuestionaron desde CAMOCH, y aludieron a antecedentes registrados en otros parques nacionales.
Costos económicos y responsabilidades
El documento remarcó que la prevención resulta menos costosa que el combate tardío del fuego. “La prevención seria y el cumplimiento estricto de protocolos resulta infinitamente menos costosa —económica, social y ambientalmente— que destinar decenas de miles de dólares diarios al combate tardío de incendios”, señalaron desde la cámara.
También advirtieron sobre los riesgos para brigadistas y pobladores, y sobre el impacto en bosques, biodiversidad y recursos hídricos. Según indicaron, el uso intensivo de medios aéreos y terrestres se da mientras se profundizan los daños ambientales y productivos.
En relación con incendios de origen negligente o intencional, el comunicado cuestionó la falta de controles sobre el acceso y uso del territorio. “Resulta igualmente incomprensible la falta de controles sobre el acceso y uso del territorio”, afirmaron desde CAMOCH, y mencionaron la ausencia de vigilancia permanente y brigadas especializadas.
Finalmente, la entidad empresaria puso el foco en el impacto fiscal y privado. “Se estima que el combate de un incendio forestal implica, como mínimo, un gasto público de 50.000 dólares diarios”, indicaron desde la cámara, y remarcaron que ese cálculo no incluye las pérdidas del sector privado, la paralización de actividades productivas ni el daño al turismo en la región.
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