La presentación judicial apunta a una presunta omisión en la publicación de una declaración jurada vinculada a un contrato por más de 114 millones de pesos adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por una presunta omisión en el cumplimiento del Decreto 202/2017. La presentación se vincula con un contrato de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según la constancia de presentación, la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”. El eje del planteo es la supuesta falta de publicación en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA) de la declaración jurada de intereses correspondiente.
En el escrito, los denunciantes solicitaron además que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria. Los abogados pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, a la que definieron como “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”.
El contrato bajo análisis y la declaración jurada
La denuncia detalla que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 el 19 de enero de 2026, mediante la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga. El contrato contempla la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027.
De acuerdo con el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger. También indicó que se activaron los procedimientos previstos en el artículo 4° del decreto, que incluyen la comunicación a la OA y a la SIGEN, la sugerencia de un Pacto de Integridad y la publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de Casos informados a la OA, constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente. Sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
Delitos invocados y antecedentes
En el capítulo “Derecho”, la presentación encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, previstos en los artículos 248 y 265 del Código Penal. El escrito señaló además que el tema tomó dimensión pública al ser difundido por distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.
La denuncia incorporó también un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes”. En ese marco, se solicitó verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto y si esa eventual actualización fue publicada en el sitio de la OA.
Respuesta oficial desde Cancillería
El planteo judicial se concentra en la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet y en el cumplimiento de los procedimientos de integridad. Tras la difusión del caso, el canciller Pablo Quirno negó irregularidades y afirmó que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018”.
Quirno sostuvo que, debido a la existencia de un vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad correspondiente, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, y que la contratación se realizó conforme a los mecanismos previstos por la normativa vigente.
Sé el primero en comentar