Un fallo por más de 8 millones de pesos por la caída de una garita en el centro de El Bolsón pone el foco en el costo de las apelaciones judiciales y su impacto en las arcas públicas.
Una sentencia judicial dictada en las últimas horas en El Bolsón volvió a instalar el debate sobre el accionar del municipio frente a fallos adversos. Se trata de una condena por más de 8 millones y medio de pesos vinculada a un accidente ocurrido cuando se desplomó una garita en pleno centro tras un temporal, que dejó heridas a una madre y su hijo.
La abogada Marcela Fragalá, quien representa a la parte demandante, confirmó que el fallo aún no está firme y que se abre ahora el plazo para una posible apelación. En ese contexto, advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener esa decisión para el Estado local. “Seguramente van a apelar y van a cometer el mismo error que cometió el municipio en otro caso, donde por dejar pasar el tiempo y no abonar en tiempo y forma la sentencia, terminó siendo un dineral para el municipio”, señaló Fragalá.
Según detalló, el antecedente al que hace referencia derivó incluso en el embargo de ingresos municipales, una situación que, advirtió, podría repetirse si se prolonga el proceso judicial en este nuevo expediente.
El fallo y la responsabilidad del Estado
El caso tiene origen en la caída de una garita ubicada en el centro de la ciudad, donde resultaron levemente lesionadas dos personas. La Justicia determinó la responsabilidad del Estado municipal, al considerar acreditados tanto el hecho como el nexo causal y los daños. “El hecho está ocurrido, está probado, el nexo causal está aprobado, sufrieron lesiones tanto la mamá como el niñito”, afirmó la letrada al referirse a los fundamentos de la resolución.
El tribunal administrativo de Bariloche fijó una indemnización que, en su cálculo inicial, ronda los 8,5 millones de pesos. Sin embargo, Fragalá advirtió que ese monto podría incrementarse de forma considerable si se extiende el proceso. “Esos ocho millones y medio, si ellos apelan, no son ocho millones y medio”, sostuvo, al explicar que se aplican intereses desde el momento del hecho y hasta el efectivo pago.
Intereses, plazos y costo fiscal
De acuerdo con lo planteado, el fallo contempla una tasa de interés que se acumula año a año, lo que podría transformar la cifra inicial en un monto significativamente mayor. “Me da para calcular intereses al 8% anual desde que la garita se cayó y además intereses hasta el día en que paguen”, indicó Fragalá, quien también mencionó la aplicación de tasas más elevadas en caso de ejecución.
En ese escenario, la abogada planteó una proyección que podría extender el conflicto durante varios años, con impacto directo en las finanzas públicas. “Vamos a tener el 2028 para ejecutar desde las arcas municipales, y ahí tenés todos esos años de intereses”, advirtió.
La situación, según remarcó, no es excepcional y responde a una práctica reiterada en litigios contra el Estado, donde los procesos se dilatan a través de instancias de apelación.
El impacto en la comunidad y el debate abierto
Fragalá planteó que el eje de discusión trasciende el caso puntual y se vincula con el uso de recursos públicos. En ese sentido, propuso abrir el debate sobre la conveniencia de apelar o cumplir con la sentencia. “¿Qué significa esto para el pueblo de El Bolsón? Más recaudación, más gastos, más impuestos, porque se va a hacer una suma súper millonaria”, expresó.
Al extender el conflicto judicial con apelaciones, según argumenta Fragalá “nos vemos frente al panorama ya conocido, de incrementos sustanciales del dinero por pagar por intereses generados por ellos mismos por el transcurso del tiempo, pudiendo llegar a un acuerdo de pago sin que esto suceda“, de modo que evite un impacto negativo en la próxima gestión municipal.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es generar impacto social a partir de la discusión pública: “La idea es ver si el impacto de los comentarios puede hacer que no lleguen a otro gobierno pasando la deuda y que no suceda lo mismo con las arcas municipales”.
El caso, aún en etapa inicial, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado municipal, la Justicia y el manejo de los recursos públicos, con una discusión que vuelve a instalarse en la agenda local.
De acuerdo por lo expuesto por la dra Fragala. No está fuera de moda exigir se cumplan reglas de justicia, solo algunos se olvidan
Si tengo un auto y salgo a la calle con él, debo tener seguro de responsabilidad civil. La Muni lo tiene? no por sus vehículos, sino por estos otros temas que representan mucho dinero (juegos en plazas, garitas, etc.)