El Ministerio de Economía reglamentó el procedimiento para completar la disolución del programa ProCreAr, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda. Se garantizará la gestión de los créditos vigentes y la administración de los bienes del fondo.
El Ministerio de Economía de la Nación formalizó un nuevo paso en el proceso de cierre del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (ProCreAr), mediante la resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la realización de “todos los actos necesarios” para concretar su disolución, que había sido dispuesta en noviembre de 2024.
El ProCreAr, creado el 12 de junio de 2012, tenía como objetivo facilitar el acceso a la vivienda propia para familias argentinas a través de distintos planes de pago. Luego de doce años de funcionamiento, el Gobierno nacional avanza con su cierre definitivo, estableciendo además que deberá garantizarse la continuidad de la gestión de los créditos ya otorgados.
La resolución también instruye la administración de los bienes muebles e inmuebles del fondo fiduciario, la regularización dominial de los inmuebles y la firma de un contrato con el Banco Hipotecario para llevar adelante estas tareas.
Desde la cartera económica señalaron que el proceso apunta a completar la transición del programa, asegurando que los compromisos adquiridos con los beneficiarios sean cumplidos.
Irregularidades en el programa
La decisión de disolver el ProCreAr se formalizó mediante el decreto 1018 del 12 de noviembre de 2024. Ahora, siete meses después, la resolución 764/2025 reglamenta los pasos a seguir para su cierre, incluyendo el traspaso de activos y la transferencia de unidades a provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de corresponder.
Según el Gobierno del presidente Javier Milei, la medida se basó en los resultados de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que detectó diversas irregularidades en el funcionamiento del programa.
Entre las observaciones, se identificaron demoras en la entrega de viviendas, lo que provocó “costos adicionales en mantenimiento y vigilancia”.
También se señalaron problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, situación que derivó en “reclamos constantes de los beneficiarios”, de acuerdo con la información oficial.
Una política de ajuste
Otro de los aspectos cuestionados fue la falta de “transparencia y eficiencia” en la administración del programa, en un contexto donde el Gobierno busca mejorar el funcionamiento del sector público ante las restricciones presupuestarias.
La disolución de ProCreAr se enmarca dentro de la política de reducción del gasto estatal, impulsada por la actual gestión y conocida como la política de la “motosierra”.
“El objetivo es redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo y donde la administración pública sea más eficiente”, se afirmó en los fundamentos de la Ley de Bases 27.742.
El futuro de los créditos vigentes
Pese a la disolución del programa, el Gobierno ratificó que se garantizará la continuidad de los créditos ya otorgados. La Secretaría de Obras Públicas será la encargada de coordinar con el Banco Hipotecario y otras instituciones la gestión de estos compromisos.
Además, se avanzará en la regularización dominial de los inmuebles vinculados al fondo fiduciario y en el traspaso de unidades a las jurisdicciones correspondientes, según establece la normativa vigente.
De esta manera, el cierre del ProCreAr pone fin a una de las principales herramientas de política habitacional de la última década en el país, en el marco de una estrategia de ajuste y reorganización del Estado.
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