El Gobierno impulsa una reforma que reduciría la representación del sector privado en el Consejo Directivo del INTA y trasladaría su control al Ministerio de Economía, generando fuertes críticas desde el ámbito agropecuario y académico.
En medio del proceso de reformas impulsado por el gobierno nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en el centro de la discusión. El Poder Ejecutivo buscaría modificar la composición del Consejo Directivo del organismo con el objetivo de restarle competencias al sector privado y desarticular el modelo de gobernanza vigente desde hace más de 70 años.
El Consejo Directivo del INTA, creado por el Decreto Ley 21.680/56, está integrado actualmente por diez miembros provenientes tanto del ámbito público como del privado. Entre los representantes del sector agropecuario se encuentran la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. También forman parte representantes académicos y funcionarios de la Secretaría de Agricultura.
La propuesta que circula dentro del organismo contempla una reducción de integrantes: pasaría de diez a ocho miembros, con una conformación de cuatro representantes por sector. Algunas fuentes señalaron que el lugar de CREA estaría bajo análisis.
Uno de los puntos más cuestionados es que, con la nueva composición, en caso de empate el presidente del INTA —nombrado por el Poder Ejecutivo— tendría la potestad de definir la votación. Aunque esto ya sucede en el esquema actual, la reducción de integrantes le daría al Gobierno una ventaja en cada decisión clave, sostienen voces del sector.
Cambio de dependencia y advertencias sobre el modelo institucional
Además de la reforma del Consejo Directivo, el Poder Ejecutivo tendría la intención de trasladar la administración del INTA al Ministerio de Economía. Con esto, el Gobierno asumiría un mayor control financiero y estratégico sobre el organismo. “Es un ataque directo a la gobernanza del INTA. No se bancan no tener mayoría y quieren modificar las reglas para dominar”, afirmaron fuentes consultadas.
Desde distintas entidades aseguran que los cambios en análisis representarían una ruptura con un modelo que garantizó federalismo y representatividad a lo largo de siete décadas, atravesando más de diez gobiernos. El INTA, fundado en 1956, fue diseñado como un organismo con autonomía operativa y financiera, con capacidad de resistir los vaivenes políticos.
La preocupación también se vincula con el rol que cumple el instituto en el desarrollo rural, la innovación tecnológica y la articulación entre lo público y lo privado. Su presupuesto para este año asciende a $223.000 millones.
Frente al escenario, actores del agro comenzaron a organizarse para oponerse a la iniciativa del Ejecutivo. “El problema no es el tamaño del Consejo, sino la conducción”, apuntaron.
Reacción de instituciones académicas
La Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior (Audeas) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar el INTA. Allí reafirmaron el valor de las instituciones públicas “que investigan, generan y transfieren conocimiento al servicio de las necesidades productivas, sociales y ambientales del país”.
“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de cierre, recorte, de enajenación del patrimonio o debilitamiento de estas instituciones, ya que ello implicaría no sólo la pérdida irreparable de puestos de trabajo altamente calificados, sino también el desmantelamiento de líneas de investigación que han requerido décadas de consolidación”, señalaron desde Audeas.
El comunicado agregó que “debilitar estos organismos no sólo es un retroceso institucional, sino también un atentado contra el futuro productivo del país, ya que se afecta directamente la posibilidad de generar soluciones propias, de innovar con conocimiento contextualizado y de formar profesionales comprometidos con las realidades de sus territorios”.
“Expresamos nuestra gran preocupación sobre la grave situación que atraviesa el INTA, la más crítica desde su creación. El Poder Ejecutivo ha impulsado a través de sus representantes en el organismo cambios estructurales profundos, sin respetar acabadamente los mecanismos de gobernanza e institucionalidad que ha caracterizado históricamente al organismo”, concluyeron.
Cuestionamientos a la pérdida de federalismo
Desde Audeas también advirtieron que los cambios propuestos se habrían realizado sin consultar a los Consejos Regionales, que son espacios de representación multisectorial local. Para la entidad, esto implica “ignorar el carácter participativo y federal de este organismo”.
La discusión sobre el futuro del INTA sigue abierta, mientras se multiplican las voces que alertan por posibles consecuencias en la producción, la investigación y el entramado institucional que sostuvo al organismo durante décadas.
Fuente: Diario La Nación
Sé el primero en comentar