El Decreto 445/2025 elimina la ANMaC y restituye el RENAR como organismo bajo control del Ministerio de Seguridad, centraliza funciones y disuelve el fondo destinado a políticas de prevención de la violencia armada.
Con la publicación del Decreto 445/2025, el Gobierno nacional oficializó la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), reinstalando esta última denominación y ubicando el organismo bajo control del Ministerio de Seguridad. También eliminó el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA).
El cambio implica la pérdida de la autarquía económica y financiera de la ANMaC, que ahora pasa a ser un ente desconcentrado. “Dijimos varias veces que los organismos descentralizados son caros porque requieren una estructura administrativa propia y porque generan incentivos a la proliferación de trámites pagos”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X.
La ANMaC había sido creada por ley en 2015, con aprobación casi unánime del Congreso, para reemplazar al anterior RENAR, establecido en 1973 durante un gobierno de facto. La nueva medida revierte parcialmente esa decisión legislativa.
Además de los cambios estructurales, el decreto otorga nuevas funciones al Ministerio de Seguridad, que ahora tendrá la potestad de fijar aranceles y tasas para los servicios del RENAR.
Modificaciones que introduce el decreto
El Decreto 445/2025 modifica la Ley 27.192 que había dado origen a la ANMaC. Con esta decisión, el RENAR vuelve a operar como organismo desconcentrado, pero mantendrá las funciones de fiscalización y control sobre armas y explosivos, en el marco de la Ley 20.429.
El texto establece que el personal actual y las unidades organizativas continuarán en funciones hasta que se adecue la nueva estructura administrativa. La transferencia de recursos presupuestarios y patrimoniales al Ministerio de Seguridad también quedó formalizada.
Otro punto central es la eliminación del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, que financiaba programas comunitarios y estudios sobre el uso de armas de fuego.
Críticas desde organizaciones civiles
Desde diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron el posible impacto negativo de la eliminación del FPVA. La Red Argentina para el Desarme publicó un comunicado donde expresó: “El Gobierno argentino eliminó todas las funciones y objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado del control de armas en el país”.
“El desmantelamiento de uno de los pilares de la política restrictiva de armas de fuego puede abrir las puertas a una mayor violencia social”, agregaron. También cuestionaron que la decisión se haya tomado mediante facultades delegadas, sin debate parlamentario.
En el mismo documento, remarcaron: “Paradójicamente, el propio Gobierno celebró que Argentina haya sido en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica. Pero ahora desmantela uno de los pilares que hizo posible ese logro”.
Reformas recientes en el acceso a armas
Desde diciembre de 2024, el Gobierno nacional avanzó con una serie de medidas orientadas a flexibilizar el acceso legal a las armas. Entre ellas, se destaca la reducción de la edad mínima para obtener la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), que bajó de 21 a 18 años.
También se implementó el sistema digital “Tenencia Express”, que permite tramitar online la tenencia de armas adquiridas en comercios habilitados, una medida cuestionada por su posible falta de controles robustos.
Organizaciones como la Asociación para Políticas Públicas advirtieron que este tipo de reformas podría “aumentar el acceso sin mecanismos suficientes de prevención” y facilitar el desvío hacia el mercado ilegal.
Datos sobre usuarios y crecimiento del mercado
Según cifras oficiales, más de 919 mil personas cuentan con CLU en el país, aunque se estima que el 65% de esas credenciales están vencidas. La gran mayoría de los usuarios son varones de entre 31 y 60 años, con una relación de más de 20 hombres por cada mujer.
En 2024 se registraron más de 76 mil nuevas tenencias de armas, y durante los primeros meses de 2025 ya se superó el promedio mensual del año anterior, proyectando un nuevo récord para fin de año.
La Red Argentina para el Desarme sostuvo que el actual decreto “se suma a una serie de medidas regresivas ya implementadas: reducción de la edad mínima, flexibilización del acceso a semiautomáticas, tenencia exprés y suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
“Así, el Poder Ejecutivo avanza, sin pasar por el Congreso y amparado en una delegación legislativa irresponsable otorgada por la Ley Bases, en la desregulación total del mercado de armas”, concluyeron.
Foto: NA
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