El decreto en preparación permitiría reducir las zonas protegidas y ampliar las actividades extractivas. La ONU advirtió que el cambio podría afectar derechos ambientales y el trabajo de organizaciones defensoras del medioambiente.
El Gobierno nacional avanza con una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639) a través de un decreto que permitirá ampliar las zonas autorizadas para el desarrollo económico, en particular para actividades mineras y energéticas.
El proyecto plantea reducir la superficie actualmente protegida, habilitando así la instalación de industrias extractivas, el uso de sustancias químicas y la construcción de infraestructura no destinada a la investigación científica. Además, contempla otorgar mayor autonomía a las provincias en la definición del uso de sus territorios con fines industriales.
Pese a los cambios propuestos, el Gobierno aseguró que continuará aplicando restricciones sobre los glaciares descubiertos y cubiertos, y que exigirá la realización de evaluaciones de impacto ambiental como requisito para aprobar nuevos emprendimientos.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para la conservación de los glaciares y el ambiente periglaciar, regulando el uso del territorio para prevenir daños ambientales. También obliga a realizar estudios de impacto ambiental y a mantener actualizado el Inventario Nacional de Glaciares.
Un decreto en preparación
La nueva medida está siendo elaborada desde el Ministerio de Economía, en colaboración con la Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, y el área de Coordinación de Energía y Minería, a cargo de Daniel González.
El texto que propone la modificación ya había sido incluido en versiones anteriores de la denominada “Ley Bases”, pero fue retirado por el Ejecutivo ante la falta de consenso en el Congreso.
Según fuentes oficiales, el objetivo del decreto es “facilitar el desarrollo económico en regiones con potencial minero y energético”, manteniendo al mismo tiempo “los controles necesarios para proteger los glaciares relevados en el Inventario Nacional”.
Reacciones internacionales
El proyecto generó objeciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lo consideró un retroceso en materia de derechos ambientales.
Desde el organismo internacional advirtieron además que la iniciativa podría derivar en “posibles amenazas al trabajo de activistas y defensores del medioambiente”, en un contexto en el que diversas organizaciones sociales y ambientales ya manifestaron su rechazo a la modificación de la normativa vigente.
Una ley clave para la protección ambiental
Actualmente, la Ley de Glaciares establece que los glaciares y el ambiente periglaciar constituyen reservas estratégicas de agua dulce. Su conservación resulta fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y el abastecimiento de las comunidades.
El Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta central de la ley, permite conocer el estado y la extensión de estos ecosistemas. Toda intervención en estas áreas requiere de un riguroso proceso de evaluación ambiental.
Mientras tanto, distintas organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil seguirán de cerca la evolución del decreto y su impacto potencial sobre los territorios protegidos.
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