Unas 20 familias de El Bolsón accedieron a la titularidad de sus tierras en el marco del Plan Arraigo. El intendente Pogliano destacó la política como “una solución concreta y un derecho que mejora la calidad de vida”.
En un emotivo acto realizado esta mañana en la Casa del Bicentenario, el intendente Bruno Pogliano encabezó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos y vecinas de El Bolsón, muchos de los cuales esperaron más de 30 años para acceder formalmente a la titularidad de sus tierras.
La entrega se realizó en el marco del Plan Arraigo, una política impulsada por la actual gestión municipal dentro del Plan de Titularización y Regularización de Tierras, que ya lleva más de 700 títulos otorgados en todo el ejido de El Bolsón.
“Dignificar a nuestros vecinos y vecinas y proyectar el derecho hereditario a través de un lote, para nuestra gestión es una política de Estado. En estos años hemos realizado más de 1.000 mensuras y entregado más de 700 títulos de propiedad. Es una solución concreta y un derecho que mejora la calidad de vida”, expresó Pogliano durante su discurso.
Participación y alcance
Del acto participaron autoridades locales y nacionales, entre ellos el director de Asuntos Comunitarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Juan Manuel López Gómez; el coordinador de Barrios Populares, Matías Javier Marinoff; la secretaria de Jefatura de Gabinete, Adriana Laura Del Agua; y la secretaria de Desarrollo Territorial, Cecilia Gori.
También estuvieron presentes concejales locales: Castillo, Monsalve, Rojas, Karavassilis, Efraín Ranea y Carlos Pérez, junto a funcionarios municipales.
Regularización y arraigo
El programa de titularización busca fortalecer el arraigo, otorgar seguridad jurídica a las familias y permitir una planificación urbana más ordenada y equitativa. La gestión subraya que estas acciones no solo resuelven deudas históricas, sino que también habilitan el acceso formal a servicios, créditos y mejoras en la infraestructura.
Con cada nueva entrega, el Municipio consolida una política pública que reconoce el derecho a la tierra y transforma la vida de cientos de familias, que por décadas vivieron en situación de informalidad dominial.
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