Trabajadores auxiliares y docentes presentaron denuncias por presuntas amenazas, escraches y presiones vinculadas a las medidas de fuerza impulsadas por ATE. La Justicia también avanza en la investigación por los destrozos registrados en dependencias educativas.
La dirigente de ATE, Verónica Rosales, y otros integrantes del gremio fueron denunciados penalmente por presuntas amenazas contra trabajadores auxiliares de Educación en el marco de las protestas realizadas esta semana en Comodoro Rivadavia.
La situación trascendió mientras continúa la investigación judicial por los daños registrados en edificios públicos durante las manifestaciones. Rosales había sido detenida durante los incidentes ocurridos en la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación, donde manifestantes provocaron destrozos en el ingreso al edificio. Como consecuencia de esos hechos, cinco policías resultaron heridos y tres personas fueron demoradas.
Según denunciaron afiliados del propio sindicato, las presiones estarían dirigidas principalmente a quienes decidieron no adherir a las medidas de fuerza. “A los que no estamos de acuerdo con el paro nos están escrachando dentro del gremio, nos amenazan”, relató una auxiliar en diálogo con medios radiales.
La trabajadora también aseguró que una compañera fue intimidada luego de finalizar su jornada laboral y advirtió sobre nuevas amenazas vinculadas a las protestas.
Una denuncia por amenazas telefónicas
De acuerdo con la presentación judicial, la trabajadora se encontraba en el edificio cuando los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza. En su relato describió que los presentes comenzaron a patear puertas, golpear accesos y romper vidrios mientras la policía intentaba impedir el ingreso.
La denunciante aseguró que, luego de ser evacuada junto a otras compañeras, recibió una llamada telefónica desde un número desconocido. “Me dijo que no suba videos al grupo de trabajo de la Delegación, porque yo había subido algunos a las redes sociales; me dijo que me conocía y que me iba a cagar a palos”, declaró en la denuncia.
Otra presentación fue realizada por una docente de Comodoro Rivadavia, quien cuestionó el accionar de algunos integrantes del sindicato durante las jornadas de protesta. “Tuvimos que soportar maltratos por parte de algunos miembros del gremio ATE”, señaló. Además agregó: “No es justa la violencia que mostraron el 2 de junio ante el personal de la Delegación, también somos trabajadores y no nos merecemos seguir recibiendo este tipo de destrato”.
La investigación judicial continúa
La docente también expresó preocupación por las consecuencias de estos episodios dentro de la comunidad educativa. “Consideramos que no nos representan y nos preocupa la imagen negativa que esto pueda tener en la comunidad educativa y la sociedad en general”, sostuvo.
En paralelo, el juez penal Alejandro Soñis dispuso una medida de prohibición de acercamiento a la Delegación para las personas detenidas durante los disturbios. La resolución alcanza a Verónica Rosales, Marcelo Echeveste, Lorena Rosales, Evangelina Arbe y José Abelardo Barra, quienes deberán mantener una distancia mínima de 200 metros y no podrán establecer contacto con la sede de Supervisión de Escuelas Región VI durante seis meses.
Mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades penales y civiles por los daños registrados en el edificio, también continúan las denuncias presentadas por trabajadores afiliados a ATE, quienes aseguran haber sido víctimas de amenazas y presiones vinculadas a las medidas de fuerza desarrolladas esta semana.
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