La investigación penal fue formalizada por la presunta emisión de documentación pública y técnica con información que, según la Fiscalía, no coincidía con la situación real del loteo. La defensa de la funcionaria sostuvo que demostrará que no existió intención de cometer un delito.
La Fiscalía formalizó la investigación penal contra una funcionaria de la Municipalidad de Trevelin y un ingeniero por la presunta falsificación de documentación pública y técnica vinculada al loteo Los Ciervos 3. La acusación sostiene que se certificó la existencia de servicios básicos que no estaban disponibles, mientras que la defensa anticipó que buscará demostrar que no existió dolo.
La apertura formal de la investigación fue solicitada durante una audiencia oral y pública por la fiscal María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados podrían constituir delitos relacionados con la emisión de documentación pública y técnica.
De acuerdo con la acusación, el 21 de agosto de 2025 la funcionaria, quien se desempeñaba como Maestra Mayor de Obras en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin, emitió un certificado oficial donde hacía constar que un lote del loteo Los Ciervos 3 contaba con redes de electricidad y agua potable, en cumplimiento de las ordenanzas municipales y la normativa provincial vigente.
La Fiscalía sostiene que esa información era falsa y que el certificado fue firmado sin realizar la constatación presencial exigida por la normativa.
Reclamos vecinales e inspección en el loteo
Según expuso el Ministerio Público Fiscal, la situación comenzó a esclarecerse tras los reclamos de vecinos del sector. El 4 de septiembre de 2025 se realizó una inspección en el loteo para verificar las condiciones existentes en el lugar.
Al día siguiente, el 5 de septiembre, la funcionaria emitió un nuevo documento dejando sin efecto el certificado original. En esa resolución indicó que la documentación presentada previamente por el ingeniero, también imputado en la causa, no coincidía con la realidad observada durante la inspección respecto de la red de agua del loteo.
Los delitos que investiga la Fiscalía
La Fiscalía atribuye responsabilidades diferentes a los dos imputados. En el caso de la funcionaria municipal, se le imputa el delito de falsedad ideológica de documento público, al considerar que habría incorporado información falsa en un certificado oficial durante el ejercicio de sus funciones.
Al ingeniero, en tanto, se le atribuye el delito de falsedad documental, en calidad de autor, por la documentación técnica que habría presentado, conforme a los artículos 45 y 292 del Código Penal.
Durante la audiencia, la defensa de la funcionaria rechazó la acusación. “Demostraremos que no actuó con dolo”, sostuvo la defensa de la imputada.
Con la formalización de la investigación comienza la etapa de recolección de pruebas. Durante esa instancia, tanto la Fiscalía como las defensas incorporarán evidencia para determinar si existen elementos suficientes para solicitar la elevación de la causa a juicio oral.
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