La Justicia investiga graves omisiones en la atención médica de Thomás Octavo, un joven de 17 años que murió en octubre del año pasado por una infección tratable.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra cuatro personas por su presunta responsabilidad en el homicidio culposo de Thomás Octavo, un estudiante de 17 años que falleció el 25 de octubre de 2022 luego de un viaje de egresados a Bariloche. La investigación sostiene que su muerte fue evitable y se produjo por una cadena de omisiones y negligencias médicas.
Entre los imputados se encuentran dos coordinadores del viaje, una médica de Buenos Aires y un hombre que habría actuado como médico en Bariloche sin contar con matrícula habilitante.
Según el expediente, Thomás comenzó a sentirse mal el 19 de octubre mientras se hospedaba con su grupo en un hotel de Bariloche. A pesar de las reiteradas consultas a la enfermería y del evidente deterioro de su salud, no fue trasladado a un centro médico. Incluso, según la fiscalía, fue obligado a viajar de regreso a Buenos Aires en un estado crítico, sin asistencia profesional y al cuidado de otros estudiantes.
Una vez en Buenos Aires, el 24 de octubre, fue atendido en la Unidad Sanitaria de Valentín Alsina, donde —según la acusación— la médica subestimó los síntomas y no ordenó estudios básicos. El joven murió al día siguiente en la Clínica Santa Bárbara por una sepsis provocada por la bacteria Streptococcus Pyogenes, infección que podría haberse tratado eficazmente con antibióticos si hubiera sido detectada a tiempo.
La pericia forense determinó que entre el 21 y el 24 de octubre hubo una ventana de oportunidad clave para detectar la infección y evitar el trágico desenlace. Se concluyó que la atención médica, tanto en Bariloche como en Buenos Aires, no cumplió con los estándares esperables frente al cuadro clínico del joven.
Durante la audiencia virtual de formulación de cargos, participaron la madre de la víctima y su abogada querellante, quien adhirió plenamente a la acusación del Ministerio Público. Por su parte, las defensas de los imputados adoptaron distintas posturas: mientras una de las abogadas de los coordinadores rechazó la acusación por considerar que “no existió una posición de garante penalmente exigible”, otras defensas anunciaron que desarrollarán teorías alternativas del caso.
Uno de los involucrados fue desvinculado de la causa tras demostrarse —según una pericia— que su intervención médica fue adecuada y no influyó en el desenlace fatal.
El juez de Garantías dio por formulada la acusación por homicidio culposo, según los artículos 45 y 84 del Código Penal, y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria hasta el 27 de octubre de este año.
La causa busca determinar si existieron responsabilidades penales en una muerte que pudo haberse evitado con atención médica oportuna, y abre un debate profundo sobre los protocolos sanitarios en los viajes estudiantiles y la responsabilidad de los adultos a cargo.
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