
Se trataron los recientes incendios en la región y las investigaciones judiciales en marcha.
Durante la contingencia de incendios en El Bolsón, el fiscal Francisco Arrien explicó que “la Fiscalía tuvo una participación activa en las investigaciones, las cuales atravesaron una serie de etapas y controversias”. Arrien comentó que, tras un exhaustivo trabajo de casi seis meses, “el juez dispuso el sobreseimiento de cinco personas relacionadas con los incendios, en un proceso que incluyó múltiples denuncias y recolecta de evidencias”.
Arrien detalló que desde el 30 de enero, cuando comenzaron los incendios, “tramitaron quince denuncias simultáneas, a partir de las cuales recopilaron evidencias mediante la colaboración de diferentes fuerzas de seguridad”. La finalidad era determinar si se trataba de delitos intencionales, y en ese marco, se realizaron allanamientos, secuestros de computadoras y teléfonos celulares para su peritaje.
Detalles del proceso y conclusiones preliminares
En particular, una denuncia de vecinos sobre un incendio en una chacra permitió que investigaran un grupo de personas que, según denuncia, actuaba de manera sospechosa. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo y la revisión de testimonios y pruebas técnicas, la investigación concluyó que esas personas en realidad no estaban vinculadas a la realización del incendio. La causa fue archivada, ya que “no se hallaron evidencias concretas sobre su participación”.
¿Fue un incendio intencional?
Arrien afirmó que “existen evidencias que respaldan una presunción de intencionalidad en el incendio principal, conocido como ‘el incendio de confluencia'”. Gracias a una colaboración internacional y a un laboratorio en Buenos Aires, “se pudo identificar un foco inicial con elementos relacionados a hidrocarburos”, lo que llevó a la conclusión de que “el incendio no fue accidental, sino que probablemente fue provocado”.
El fiscal resaltó que “en casos de incendios intencionales, la principal dificultad radica en determinar la autoría”. La falta de cámaras y testigos hace que sea difícil identificar a las personas responsables. A pesar de testimonios acerca de cruzarse con grupos sospechosos o discusiones en refugios de montaña, “no hay certezas firmes” y, en muchos casos, “las pruebas no alcanzan para la acusación formal”.
Arrien destacó que “la experiencia adquirida en esta investigación dejó enseñanzas sobre la necesaria coordinación entre organismos y el trabajo con países vecinos”. Mencionó, en especial, la cooperación con Chile, que “cuenta con investigaciones tecnológicas avanzadas mediante satélites y otras herramientas”. “Estas experiencias enriquecen la capacidad de la Justicia para abordar futuros incendios forestales”, afirmó.
Perspectivas sobre futuras investigaciones
Respecto a la causa madre de los incendios en confluencia, Arrien afirmó que “continúa abierta a la espera de nuevos elementos de prueba”. La causa “puede reabrirse si surgen testimonios o evidencias que permitan avanzar en la identificación de responsables”. La Justicia mantiene la expectativa de esclarecer los hechos, aunque reconoce la dificultad inherente a este tipo de delitos.
Reflexión sobre la causa del incendio y las responsabilidades
El fiscal explicó que, “aunque se cuenta con evidencia de que el incendio inicial fue intencional, todavía no hay imputados definitivos”. La causa “no está cerrada, sino en un esquema de ‘stand-by'”, en la espera de novedades. “La Justicia sigue abierta a nuevas declaraciones o hallazgos que puedan modificar la hipótesis”, aclaró Arrien.
Arrien expresó que estos hechos dejan como enseñanza “la importancia de la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología avanzada en las investigaciones”. También remarcó que “la dificultad de obtener certezas sobre la autoría y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades operativas” son desafíos principales.

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