La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se pronunció sobre la gravedad de los incendios en Argentina y Chile y alertó por el debilitamiento de las políticas ambientales.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este 28 de enero de 2026 sobre la gravedad de los incendios en la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile, y advirtió sobre sus impactos sociales, ambientales y en materia de derechos humanos.
En el comunicado, la REDESCA señaló que los incendios son “favorecidos por condiciones meteorológicas que incrementan el peligro de propagación —como temperaturas extremas, baja humedad y vientos intensos—”, y que estos eventos “generan impactos graves y multidimensionales (…) comprometiendo el ejercicio de diversos derechos humanos de las comunidades afectadas”, indicó la Relatoría Especial de la CIDH.
El organismo internacional también remarcó que los incendios provocan “una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales”, y subrayó la relevancia del pronunciamiento como una advertencia frente al negacionismo de la crisis ecológica y climática, según se desprende del documento difundido.
El pronunciamiento retoma datos del Monitor del Presupuesto Ambiental elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y vuelve a poner en foco la debilidad de la política ambiental en Argentina, asociada al desfinanciamiento y a la pérdida de jerarquía institucional.
Presupuesto ambiental y manejo del fuego
Según la información citada, detrás de los incendios que afectan ecosistemas y comunidades se encuentran el cambio climático y la falta de recursos destinados a la prevención y mitigación del fuego, una situación que se repite de manera sostenida en los últimos años.
El informe recuerda que en 2023 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 100% de su presupuesto, mientras que en 2024 la ejecución cayó al 22%, a pesar de haber sido el período con mayor cantidad de focos de incendio de al menos los últimos ocho años.
En 2025, la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego marcó, según el documento, “un retroceso significativo en términos de protección ambiental y presupuestarios”, en un contexto de creciente recurrencia de incendios forestales.
Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé una caída real del 71,6% en los recursos del SNMF en comparación con 2025, de acuerdo a los datos relevados por FARN y retomados por la REDESCA.
Impacto en prevención y derechos humanos
El recorte presupuestario impacta de forma directa en herramientas clave para el enfoque preventivo. Las horas de vuelo previstas se reducirían a 3.100, frente a las 5.100 contempladas en 2023, mientras que los informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios pasarían de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026.
Desde el organismo interamericano se advirtió que esta reducción limita la capacidad de anticipación y refuerza un esquema de respuesta tardía y reactiva frente a emergencias ambientales cada vez más frecuentes.
El comunicado señala que esta situación se repite año tras año en el sur del país, con el agravante de un financiamiento decreciente y una matriz energética que profundiza los efectos del cambio climático.
Desde FARN, expresaron que el problema de los incendios no es solo ambiental, sino que tiene impactos concretos sobre la vida de las personas y el ejercicio de sus derechos humanos, y valoraron el pronunciamiento de la REDESCA.
Finalmente, la organización destacó que “celebramos el comunicado de la REDESCA esperando que los gobiernos de ambos países presten debida atención a la necesidad de fortalecer las herramientas de control y combate del fuego y las políticas ambientales en general”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
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