Irregularidades y subsidios dudosos: el Gobierno Nacional le quitó la autonomía al INAI

La medida fue oficializada por decreto. El Gobierno Nacional acusa al organismo de falta de transparencia y control en el manejo de fondos.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que le retira al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) su condición de organismo descentralizado. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se fundamenta en “irregularidades administrativas” y “millonarios subsidios sin control” entregados en los últimos años.

De esta manera, el INAI pasará a funcionar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, perdiendo su capacidad operativa y financiera independiente. Desde Casa Rosada justificaron la decisión en el marco del plan de ajuste y reordenamiento del Estado que impulsa la administración libertaria.

Según fuentes oficiales, auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectaron múltiples inconsistencias en la asignación de subsidios a comunidades indígenas, muchos de ellos otorgados sin respaldo documental, sin seguimiento ni rendición de cuentas. Incluso se habrían detectado casos de fondos que no llegaron a destino o que fueron utilizados con fines distintos a los declarados.

Además de los cuestionamientos por el manejo de fondos, el Gobierno considera que el INAI fue durante años “instrumentalizado con fines políticos”, lo que habría contribuido a generar conflictos territoriales en distintas provincias, particularmente en la Patagonia.

La intervención sobre el organismo también implica un cambio en el enfoque hacia las comunidades originarias. Mientras sectores vinculados a los pueblos indígenas denuncian un intento de recorte de derechos, desde el Ejecutivo aseguran que no se eliminarán programas, pero que se buscará “transparencia y eficiencia en el uso de los recursos”.

La decisión genera preocupación en organizaciones de pueblos originarios, que temen una mayor concentración de poder político sobre los procesos de relevamiento territorial y adjudicación de tierras contemplados en la Ley 26.160, aún vigente. También despertó críticas de referentes de derechos humanos y del sector académico.

El futuro del INAI queda ahora bajo control directo del Gobierno Nacional, en una señal más de la nueva etapa de centralización administrativa y recorte de organismos que impulsa la gestión de Milei.

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