La decisión judicial que ordena transferir el 51% de YPF complica el acceso a un préstamo por más de US$ 2.000 millones para el nuevo oleoducto hacia la costa rionegrina.
La reciente sentencia de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, abre un nuevo frente de incertidumbre para el sector energético nacional. Y llega en un momento crítico: en plena negociación por el financiamiento de la obra de infraestructura más ambiciosa del país, el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que conectará la Cuenca Neuquina con la costa atlántica rionegrina.
Según reveló EconoJournal, el consorcio VMOS S.A. —integrado por YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Shell, Chevron, Pampa Energía y Tecpetrol— estaba por firmar esta semana los documentos finales de un préstamo por más de US$ 2.000 millones. El financiamiento, estructurado bajo la modalidad de project finance, resulta fundamental para sostener el avance de obra, que ya supera el 15%.
Pero el fallo judicial golpeó fuerte en los mercados: las acciones de YPF cayeron un 5,6% en Wall Street el lunes 1 de julio, generando preocupación entre los bancos que lideran la operación (Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander). Ahora, el temor es que los términos del acuerdo cambien o se exijan nuevas garantías ante el aumento del riesgo jurídico.
El impacto trasciende a YPF. La incertidumbre podría extenderse al resto de las operadoras que lograron financiamiento recientemente: Pluspetrol, Vista, Pampa Energía y Compañía Mega, entre otras. Si bien el préstamo para VMOS está atado al proyecto y no a los balances de las compañías, el clima de desconfianza puede traducirse en mayores costos de financiamiento y más cautela por parte de los inversores.
La obra, que demandará una inversión total cercana a los US$ 3.000 millones, es considerada estratégica para el futuro exportador de Vaca Muerta. La próxima etapa del plan financiero incluye una emisión local de obligaciones negociables por US$ 400 millones. Todo, en un contexto ahora más inestable.
El sector energético argentino, que había logrado recuperar impulso en los mercados internacionales, observa con preocupación un nuevo frente de conflicto judicial que amenaza con frenar la principal vía de expansión hidrocarburífera del país.
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