El líder mapuche volvió a iniciar una huelga de hambre líquida tras la negativa judicial al traslado desde Rawson a Esquel, solicitado para acercarlo a su familia.
Facundo Jones Huala volvió a iniciar una huelga de hambre líquida tras la decisión judicial de no permitir su traslado desde la cárcel de Rawson a la unidad de seguridad media de Esquel, solicitada para acercarlo a su familia en Bariloche. La Justicia federal había autorizado inicialmente el traslado, pero la oposición del Ministerio de Seguridad de la Nación cambió la resolución del juez Gustavo Zapata.
El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Correccional, argumentó que la unidad de Esquel no cuenta con los requerimientos de seguridad necesarios para alojar a Jones Huala, a quien consideran un detenido de alto riesgo por su liderazgo en la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y antecedentes penales en Chile, incluyendo un incendio de propiedad privada y portación de un arma casera.
La defensa del líder mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionó la decisión y advirtió que la negativa prioriza reglamentos administrativos por sobre la Constitución y los tratados internacionales.
Los abogados aseguraron que seguirán con los trámites necesarios para lograr el traslado, mientras Jones Huala mantendrá su huelga de hambre por tiempo indefinido.
Contexto de la detención
Actualmente, Jones Huala se encuentra detenido de manera preventiva desde junio pasado, imputado por asociación ilícita calificada y por justificar métodos violentos en defensa de la causa mapuche. La preventiva podría extenderse hasta dos años, aunque por ahora la detención está establecida hasta el 6 de diciembre.
El debate sobre su traslado genera tensión entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad, que defiende la categorización de las cárceles según los niveles de riesgo.
Rawson es considerada de máxima seguridad, mientras que Esquel, de seguridad media, no cumple con los estándares exigidos para un interno considerado “peligroso”.
La situación de Jones Huala reaviva el debate sobre los criterios de traslado y alojamiento de detenidos de alto riesgo, así como el equilibrio entre seguridad penitenciaria y derechos de los internos.
Las medidas adoptadas por la defensa y la huelga de hambre buscan presionar por un traslado más cercano a su familia y a su entorno, mientras las autoridades penitenciarias mantienen los protocolos vigentes.
El caso sigue bajo seguimiento judicial y mediático, con posibles implicancias en la relación entre Justicia federal y Ministerio de Seguridad.
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