El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y mantuvo vigente la medida cautelar que ordena actualizar salarios, convocar a paritarias e incrementar el presupuesto destinado a becas previsto en la Ley de Financiamiento Universitario._
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a otorgar un incremento salarial al personal docente y no docente de las universidades, convocar a paritarias e incrementar el presupuesto para becas previsto en la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en agosto de 2025.
La decisión llegó luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había confirmado la medida cautelar.
En los hechos, el fallo mantiene vigentes aspectos similares a los acordados entre el Gobierno, los gremios y los rectores en el acta firmada el 10 de junio. Sin embargo, los gremios universitarios anticiparon que reclamarán una recomposición salarial del 32,5%, al sostener que el acuerdo no contempla la totalidad de lo establecido por la ley.
“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, expresó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a través de X.
Qué diferencias existen entre la ley y el acuerdo
La vigencia del reclamo universitario responde a las diferencias entre lo dispuesto por la Ley de Financiamiento Universitario y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los rectores y los gremios.
El fallo obliga a cumplir los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen actualizaciones salariales desde 2023 y un incremento para las Becas Progresar. En cambio, el acuerdo firmado contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre, además de una actualización para las Becas Manuel Belgrano.
El entendimiento también prevé un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano, pero no incluye modificaciones para las Becas Progresar.
Ante esas diferencias, fuentes del ámbito educativo señalaron que reclamarán una asignación de recursos superior a la prevista en el acta firmada con el Gobierno.
La causa continuará en primera instancia
El expediente seguirá su trámite en el juzgado de primera instancia a cargo de Martín Cormick, quien deberá resolver si es constitucional el decreto mediante el cual el presidente Javier Milei suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Corte sostuvo que el recurso extraordinario presentado por el Gobierno no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, por lo que dejó firme la decisión de la Cámara que obliga a cumplir la medida cautelar.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) también se pronunció tras la resolución judicial. “La Corte ratifica lo que venimos diciendo desde el primer día: el financiamiento universitario no depende de la voluntad de un gobierno, sino del cumplimiento de una ley”, afirmó su presidente, Joaquín Carvalho.
Además, Carvalho sostuvo: “Este fallo es también un reconocimiento a la enorme movilización de estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades que durante estos años defendieron a la universidad pública en las calles”. Y agregó: “Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas en $35.000, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”.
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