El caso había sido anulado por el Superior Tribunal, pero el máximo tribunal del país validó el proceso y rechazó que las demoras durante la pandemia invalidaran la sentencia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años de prisión contra el pastor Samuel Josué Figueroa, acusado de abusar de su hijastra durante años en El Maitén.
El caso había sido anulado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que ordenó realizar un nuevo juicio por un incumplimiento en los plazos procesales.
Sin embargo, la intervención del máximo tribunal nacional revirtió esa decisión y validó el proceso judicial original.
De esta manera, el condenado deberá cumplir la pena impuesta en 2020 por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.
Un proceso atravesado por la pandemia
El juicio contra Figueroa se desarrolló en marzo de 2020 en Esquel, donde fue declarado culpable por los abusos cometidos contra la menor.
La fijación de la pena se vio demorada por las restricciones impuestas tras el inicio del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
Las audiencias previstas en julio no pudieron concretarse por dificultades de traslado y problemas técnicos, y finalmente la sentencia se dictó en agosto de ese año.
El Superior Tribunal de Justicia anuló el proceso al considerar que se había excedido el plazo máximo entre el veredicto y la definición de la pena.
La revisión y el fallo de la Corte
La Procuración General recurrió la decisión ante la Corte Suprema, señalando que no se habían contemplado las condiciones excepcionales generadas por la pandemia.
También planteó que la anulación del proceso implicaba un impacto directo sobre la víctima, que debía volver a declarar.
El procurador general de la Nación sostuvo que el fallo del tribunal chubutense no consideró normas superiores ni el contexto en que se desarrolló el proceso.
Finalmente, con un fallo del 31 de marzo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte dejó sin efecto la anulación.
El impacto del fallo y la situación de la víctima
La decisión evitó la realización de un nuevo juicio, lo que hubiera implicado que la víctima volviera a relatar los hechos.
El caso había generado movilizaciones en El Maitén, donde se realizaron protestas en reclamo de justicia.
La resolución del máximo tribunal ratificó la condena dictada en 2020 y habilitó su cumplimiento efectivo.
Con esta decisión, el proceso judicial queda cerrado y el condenado deberá cumplir la pena de prisión establecida.
Sé el primero en comentar