El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó al gobierno provincial informar en un plazo de cinco días sobre el estado del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, tras una demanda presentada por organizaciones ambientales por la falta de actualización del mapa desde 2011.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dio curso a la acción de mandamiento de ejecución presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables. La demanda, patrocinada por la abogada Andrea Govetto, exige a la Provincia la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
La herramienta es considerada clave para la planificación del territorio y la conservación del bosque andino patagónico. Río Negro había adherido a la Ley Nacional 26.331 a través de las leyes provinciales 4366 y 4552, y aprobó un primer mapa en los años 2010 y 2011. Sin embargo, desde entonces no volvió a actualizarlo ni lo incorporó a una ley, lo que, según las organizaciones, deja sin resguardo a grandes áreas de bosque nativo.
“El único mapa aprobado para San Carlos de Bariloche en 2011 tiene enormes vacíos sin clasificar, como las laderas boscosas de los Cerros Otto, Catedral y Carbón”, señalaron desde las entidades demandantes. La falta de definición legal de esas zonas implica la ausencia de criterios técnicos para el uso del suelo.
Además del impacto ambiental, la ausencia de planificación implica riesgos para la población. “La falta de prevención y planificación redunda no sólo en pérdida de recursos naturales invaluables, sino que conlleva enormes riesgos por la falta de una adecuada gestión del territorio, como pudimos experimentar el verano pasado en ocasión de los incendios en la zona de El Bolsón”, afirmaron.
Proyectos inmobiliarios sobre bosque nativo
Según la presentación judicial, la omisión en la actualización del OTBN ha sido utilizada como argumento para avalar emprendimientos inmobiliarios en áreas que, de estar protegidas, deberían haber sido rechazadas. Uno de los ejemplos citados es el proyecto Cerro Lindo, aprobado en diciembre de 2024.
Ese desarrollo contempla la urbanización de más de 115 hectáreas en la ladera sur del Cerro Otto, para crear unas 600 parcelas en una zona con presencia de ciprés, ñire y lenga. Esos bosques están inventariados por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), lo que refuerza la preocupación de las organizaciones demandantes.
Desde Árbol de Pie y Fundación ADyHS advirtieron sobre el rol que ocupa Claudia Contreras, actual Subsecretaria de Recursos Forestales. “Contreras, encargada de actualizar el OTBN y que viene incumpliendo esa obligación, ocupa actualmente la vicepresidencia del CIEFAP, por lo que no puede desconocer la presencia de bosque nativo en la zona del proyecto Cerro Lindo”, expresaron.
A pesar de ello, Contreras “no tuvo ningún tipo de opinión técnica o intervención durante su tratamiento”, agregaron. Por ese motivo, las entidades ambientales presentaron una impugnación judicial contra el proyecto y solicitaron una medida cautelar para frenarlo. La resolución está en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche.
Otro caso en evaluación judicial
El caso del proyecto CAUMA, en el oeste de Bariloche, también fue citado en la presentación judicial. Según la denuncia, el emprendimiento se ubica en un predio inventariado como Tierras Forestales con bosque nativo de ciprés y coihue, pero igualmente obtuvo autorizaciones para la tala.
“Allí la Subsecretaria otorga autorizaciones para apeos de bosques nativos en función del proyecto hotelero gastronómico”, detallaron las organizaciones. La intervención, según denuncian, se produce sin un marco actualizado del OTBN que regule de manera clara el uso de esos suelos.
La acción de mandamus promovida por las organizaciones fue aceptada por el Superior Tribunal de Justicia, que ahora exige respuestas formales al gobierno provincial. En su resolución, el máximo tribunal dio un plazo de cinco días hábiles al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro para que informe el estado actual del OTBN.
Plazos legales y próxima instancia
El requerimiento judicial busca establecer si hubo o no incumplimientos por parte de la Subsecretaría de Recursos Forestales. Las entidades impulsoras consideran que la ausencia de actualización representa una omisión grave con consecuencias directas sobre el ecosistema del bosque andino patagónico.
Hasta ahora, la Provincia no ha emitido una respuesta pública sobre la resolución del STJ. La causa continúa su curso mientras la situación del proyecto Cerro Lindo y otros similares permanece a la espera de resoluciones en la Justicia ordinaria.
FUENTE: Con información de La Tecla Patagónica
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