
El juez Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la CGT y el Ejecutivo anunció que recurrirá la decisión para sostener la vigencia de la ley.
El fallo judicial que suspendió parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo escenario de conflicto. La CGT logró una medida cautelar que frena artículos clave de la norma y el Ejecutivo ya confirmó que apelará la decisión para intentar sostener su aplicación.
El magistrado consideró cumplidos los requisitos para avanzar con una acción declarativa y rechazó los argumentos de la Casa Rosada, que buscaban desconocer la representatividad de la central sindical y advertían sobre una supuesta intromisión del Poder Judicial.
Como resultado, se dispuso la suspensión de 82 artículos de la ley 27.802, en el marco de una medida cautelar presentada por la CGT.
Ojeda avaló el planteo al considerar que la aplicación de la norma podría generar consecuencias graves. En ese sentido sostuvo: “el cumplimiento de la norma ocasione perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, afirmó Raúl Horacio Ojeda.
Fundamentos del fallo judicial
El juez también remarcó el rol del Poder Judicial en el control de constitucionalidad y convencionalidad, y destacó la necesidad de brindar previsibilidad. En ese marco indicó: “la declaración de certeza que surgirá de este juicio, aportará seguridad jurídica”, sostuvo Raúl Horacio Ojeda.
El tribunal consideró viable la cautelar porque existía un escenario de incertidumbre sobre la validez de la norma y el riesgo de un perjuicio inmediato. Además, reconoció a la CGT como organización con capacidad para promover la acción colectiva.
La presentación de la central sindical solicitó revisar los cambios introducidos sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la organización de la Justicia Nacional y las normas vinculadas a convenios colectivos, trabajo rural y asociaciones sindicales.
En su resolución, el magistrado insistió en la necesidad de prevenir daños mayores y señaló: “Una suspensión provisoria evitará mayores daños que los que provocaría, y evitará efectos jurídicos muy gravosos e irreversibles”, expresó Raúl Horacio Ojeda.
Cuestionamientos a la reforma laboral
El juez entendió que los cambios podrían afectar principios del derecho laboral como el principio protectorio, la progresividad, la irrenunciabilidad de derechos y la libertad sindical.
También advirtió que, de no dictarse la cautelar, podrían generarse daños irreversibles mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
En ese marco, especialistas habían señalado previamente que el eje de la discusión estaría en la aplicación de la ley y en el rol de los juzgados laborales frente a los cambios impulsados.
Actualmente, la normativa queda frenada en varios de sus aspectos centrales a partir de esta decisión judicial.

Rechazo a los argumentos del Gobierno
La presentación de la CGT fue firmada por los dirigentes Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo. Por su parte, la defensa oficial pidió rechazar la cautelar por “inexistencia del caso” y cuestionó la representación sindical.
El juez observó inconsistencias en la defensa del Ejecutivo y advirtió que se omitieron normas clave dentro del planteo oficial, lo que —según indicó— podría interpretarse como un error o una falta de defensa.
Frente a los cuestionamientos, Ojeda reafirmó la legitimidad de la organización sindical. En ese sentido señaló: “la Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores”, sostuvo Raúl Horacio Ojeda.
El Gobierno apelará la decisión
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano informó que apelará la resolución con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Desde la cartera señalaron que avanzarán en todas las instancias necesarias para sostener la vigencia de la ley. En ese sentido indicaron: “su compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”, afirmaron desde el Ministerio de Capital Humano.
Además, remarcaron que el Ejecutivo buscará revertir la medida cautelar. “agotará todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia”, señalaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.
En el mismo comunicado, el organismo cuestionó las críticas a la reforma y sostuvo: “El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia”, expresaron desde el Ministerio de Capital Humano.

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