La iniciativa ingresada al Senado redefine jornadas, indemnizaciones, vacaciones, organización colectiva y condiciones de monotributistas, según especialistas y fuentes consultadas.
El gobierno presentó en el Senado su proyecto de reforma laboral, una iniciativa que según especialistas retrocede más de un siglo al desconocer pilares como la jornada de ocho horas y al restringir el derecho a huelga. El texto de 71 páginas y 191 artículos habilita cambios en salarios, contrataciones y condiciones de trabajo.
El proyecto “invierte la presunción de laborabilidad”, lo que impactaría en monotributistas y trabajadores definidos como “independientes”. También establece que el empleador podrá modificar condiciones laborales según sus necesidades.
La propuesta firmada por Javier Milei incorpora formatos de pago en pesos, moneda extranjera o en especie y habilita salarios a través de billeteras virtuales.
“Son tres reformas. Una que transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital; otra que debilita la acción colectiva; y otra que fortalece la disciplina laboral en los lugares de trabajo”, explicó en X Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
Cambios en jornada, indemnizaciones y fondo de asistencia
El proyecto crea los bancos de horas, que habilitan jornadas laborales de hasta 12 horas bajo un esquema de compensación flexible que elimina el pago por horas extraordinarias. Las fuentes remarcan que esto desconoce el límite vigente desde hace casi un siglo.
En materia de despidos, la reforma redefine el cálculo de indemnizaciones al excluir vacaciones, aguinaldo, propinas y premios como componentes habituales del salario. Además, permite que las pymes paguen en cuotas.
La iniciativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución del 3 por ciento de todos los empleadores, combinada con una reducción equivalente en aportes a la seguridad social. “A los empresarios les va a salir gratis despedir mientras se desfinancia la seguridad social”, sostuvo la abogada laboralista Natalia Salvo.
Vacaciones y nuevas reglas para monotributistas
El proyecto permite que “las partes” fragmenten las vacaciones en períodos de siete días y habilita a los empleadores a asignarlas en cualquier momento del año. El descanso de verano quedaría disponible solo una vez cada tres años.
También redefine la presunción de laboralidad: toda prestación con factura pasará a interpretarse como locación de servicios o colaboración “independiente”. Esto limitaría reclamos por fraude laboral o vínculos encubiertos.
En el caso de trabajadores de plataformas, el proyecto consolida su condición de cuentapropistas y no los incorpora al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Según las fuentes consultadas, no hay avances en derechos para este sector.
Huelga, negociación colectiva y alcances del proyecto
En cuanto al derecho a huelga, la iniciativa amplía la definición de servicios esenciales —que deberán garantizar el 75 por ciento de actividad— y crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”.
La negociación colectiva se descentraliza para que acuerdos por empresa prevalezcan sobre convenios nacionales sin necesidad de equiparación. Además, se restringen afiliaciones y se limita la cuota solidaria, que requerirá autorización expresa.
Según especialistas consultados, la iniciativa es “profundamente antiderechos, antisindical y antiestado”.
En su último tramo, el proyecto reinstala un modelo previo al desarrollo del derecho laboral en Argentina. Habilita jornadas de hasta 12 horas y elimina ítems remunerativos necesarios para el cálculo de aguinaldo y vacaciones.
Impacto general y contexto
Las fuentes destacan que la propuesta se distancia de los avances internacionales sobre plataformas digitales, donde países europeos ya reconocen a trabajadores como dependientes. En el plano local, sostienen que el proyecto deja a este sector en un limbo jurídico.
Con una informalidad del 43 por ciento, especialistas advierten que la reforma laboral impulsada por el gobierno empuja al país hacia un escenario en el que la relación de trabajo queda librada a la voluntad del empleador.
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