El legislador rionegrino sostuvo que el esquema impulsado por el Gobierno nacional beneficia a grandes inversiones vinculadas al GNL, pero no genera empleo ni mejora los recursos provinciales. También alertó sobre el deterioro de servicios públicos y la pérdida de capacidad de control del Estado.
El legislador rionegrino Leandro García cuestionó el avance del “Súper RIGI” impulsado por el Gobierno nacional y advirtió sobre sus efectos en Río Negro, especialmente a partir de los proyectos vinculados al GNL. Durante una entrevista en la Red de la Cordillera, sostuvo que el régimen profundiza un esquema económico que, según planteó, no deja beneficios concretos para la provincia.
“Uno tendría que compararlo con los resultados que ha tenido el RIGI”, afirmó García al inicio de la entrevista, y señaló que las inversiones recibidas en Río Negro estuvieron dirigidas a sectores que ya tenían desarrollo previo, como el petróleo, el gas y la minería.
El legislador indicó que el Estado nacional, las provincias y los municipios resignan recursos a través de beneficios impositivos y regulatorios. “El Estado va a perder impuestos, va a dejar de cobrar impuestos, las provincias van a dejar de recibir ingresos por coparticipación”, expresó. En ese sentido, agregó que las inversiones llegan acompañadas de concesiones que limitan la capacidad estatal de control.
Según García, el impacto económico tampoco se refleja en una mejora de ingresos provinciales. “Ni siquiera llega a compensar la mitad de la caída de coparticipación que tuvo la provincia”, sostuvo, y aseguró que los proyectos vinculados al régimen no generan empleo permanente suficiente para reemplazar puestos perdidos en otros sectores.
Críticas al modelo económico y al impacto social
Durante la entrevista, García vinculó el Súper RIGI con la política económica del gobierno de Javier Milei. “Es un gobierno que vino a reprimarizar la matriz productiva”, afirmó, y cuestionó el modelo basado en exportaciones de recursos naturales.
El legislador señaló que las actividades ligadas al petróleo, el gas y la minería no requieren mano de obra intensiva. “Los empleos que se destruyen en la industria, en el comercio, en el turismo, en la producción, en la fruticultura, no son compensados por estas grandes inversiones”, aseguró.
En ese contexto, remarcó que Río Negro es la provincia que más inversiones recibió por haber adherido primero al régimen, pero consideró que los resultados no fueron positivos. Como ejemplo, mencionó el proyecto de Petronas vinculado al GNL. “Van a poner dos barquitos licuefactores en el mar que tienen todas las ventajas impositivas y que no están obligados a generar trabajo y valor agregado en la provincia”, afirmó.
García también cuestionó que los recursos producidos no tengan impacto en el consumo interno. “El gas y el petróleo que van a transportar al mundo no lo podemos usar para consumo doméstico”, sostuvo durante la entrevista.
Beneficios fiscales y límites al control ambiental
El legislador explicó que el régimen contempla mecanismos como amortización acelerada y reducciones impositivas para las empresas. “Pagan menos impuestos que cualquier kiosco o ferretería”, afirmó al comparar los beneficios fiscales otorgados a las grandes inversiones.
Además, señaló que las compañías pueden operar con menor intervención estatal durante décadas. “No se puede modificar ninguna regulación ambiental por 30 años”, advirtió, y agregó que incluso ante nuevos riesgos ambientales el Estado quedaría limitado para actuar. “Los nueve gobernadores que vengan después de este van a estar condicionados por algo que estamos votando hoy”, expresó García al cuestionar los convenios firmados en la Legislatura de Río Negro.
El dirigente también vinculó el esquema económico con el deterioro de servicios públicos. “Mientras los hospitales se caen a pedazos, las escuelas no tienen los servicios en condiciones y los jubilados no llegan a fin de mes, regalamos recursos para que vengan inversiones que no generan trabajo”, sostuvo.
Advertencia sobre infraestructura y recursos provinciales
Hacia el final de la entrevista, García planteó que las actividades vinculadas al fracking generan impactos que luego deben afrontar las provincias. Mencionó el deterioro de rutas por el tránsito pesado asociado al transporte de arenas y equipamiento. “Todas las actividades económicas tienen consecuencias negativas y el Estado tiene que poder recaudar de esas actividades para poder compensarlas y poner las rutas en condiciones”, afirmó.
Finalmente, el legislador insistió en que el RIGI y el Súper RIGI responden a una misma lógica económica. “Se llevan todo lo que es nuestro y dejan muy poco en el país”, concluyó.
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