El gobierno provincial intensificó las sanciones en la administración pública, con cesantías, suspensiones y apercibimientos por faltas graves. Salud y desarrollo social, entre las áreas más afectadas.
La Secretaría de la Función Pública de Río Negro confirmó que en los primeros meses de 2026 se aplicaron 2 cesantías, 11 suspensiones y 2 apercibimientos en la administración pública provincial. Desde enero de 2024, el registro acumula casi 100 cesantías y más de 500 suspensiones por inasistencias y negligencias.
Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, explicó que los controles alcanzan a todas las áreas de la administración, excepto educación y policía. “El control se hace sobre todas las áreas de la Administración Pública Provincial, excepto educación, docentes, sí sobre los porteros, y excepto policía, porque policía tiene un régimen disciplinario propio”, señaló.
La funcionaria aclaró que en el caso de la policía, incluso los retirados están sujetos a un régimen disciplinario, mientras que en la administración pública provincial los agentes jubilados quedan fuera de cualquier control. “En el caso de la Administración Pública Provincial, cuando una persona se jubila ya no está sujeto a ningún régimen disciplinario”, indicó.
Cesantías y exoneraciones
Lastra diferenció entre las sanciones más graves: “Exoneración siempre tiene que haber una condena penal firme sobre el agente en cuestión. Eso es una exoneración. En cambio, la cesantía, habiendo pasado cinco años, puede el Estado volverlo a contratar”.
El abandono de servicio es la causa más frecuente de cesantía. “Los agentes que dejan de ir a trabajar ya por más de cinco días y que no hayan vuelto a trabajar, cumplidos los cinco días, se inicia un trámite disciplinario. Si la persona no volvió a trabajar, es una cesantía directa”, explicó.
También se aplican cesantías por acumulación de sanciones o por inconductas graves. La secretaria recordó el caso de un médico que incurrió en múltiples faltas, desde abandono de guardias hasta uso indebido de sellos médicos y hostigamiento a compañeros.
Procedimientos y tiempos
El proceso disciplinario no es automático. “Las sanciones no son aplicadas de manera automática, hay instructores, hay abogados que investigan el caso, está garantizado el derecho a la defensa. El procedimiento lleva entre 2 y 6 meses casi siempre”, detalló Lastra.
La funcionaria subrayó que el objetivo es respaldar a quienes cumplen con su tarea. “Es una forma de garantizar que la gente que realmente trabaja muy bien, los empleados públicos que tienen vocación y que cumplen, tengan la seguridad de que el Estado los está respaldando”.
Consultada sobre la publicidad de las sanciones, respondió: “Los funcionarios públicos tienen que dar cuenta de sus acciones. Cuando uno da cuenta de sus acciones tiene que mostrar qué es lo que está haciendo y esto es parte de nuestro trabajo”.
Funcionarios y áreas críticas
Los controles alcanzan también a cargos jerárquicos. “Este tipo de controles llega a todos los estamentos, coordinadores y en lo que tiene que ver con los funcionarios designados por decreto, este control te puedo asegurar que lo hace el gobernador, pero con una lupa”, afirmó.
Las áreas de salud y desarrollo social concentran la mayor cantidad de sanciones. Entre los casos más graves, Lastra mencionó choferes de ambulancia que asistían en estado de ebriedad. “Es tremendo saber que se ha sancionado, se ha expulsado del Estado a un chofer de ambulancia que asistía a las recorridas en la ambulancia con pacientes y era en estado de ebriedad”, relató.
La secretaria concluyó que el objetivo es garantizar un Estado eficiente y transparente. “Los trabajadores que trabajan, que son responsables, están adentro y esto es de alguna manera respaldar el trabajo que ellos realizan”, sostuvo.
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