Movimientos sociales y sindicales junto a vecinos y jubilados se manifestaron en puertas del PAMI de El Bolsón en repudio de la suspensión del personal y el desplazamiento de la delegada local. Aseguran que hubo persecución ideológica. Asimismo, legisladores de los bloque PJ – Nuevo Encuentro y Vamos con Todos denuncian un “vaciamiento del organismo en la localidad”
Una fuerte polémica se desató en El Bolsón tras el desplazamiento de la delegada del PAMI local, María Eugenia Alonso, y la suspensión por 29 días de todo el equipo de trabajadores de la sede, lo que generó protestas gremiales, malestar en la comunidad y repudio de sectores políticos. Desde ATE Zona Andina denunciaron una clara maniobra de persecución ideológica y vaciamiento institucional.
“Esto es parte del plan de achique del Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei y que en este caso busca vaciar el PAMI en beneficio de intereses políticos partidarios. La compañera despedida es una trabajadora de carrera con amplia trayectoria y reconocimiento en la comunidad”, expresó Sandra Contreras, secretaria gremial de ATE, frente a las oficinas del organismo.
Las críticas apuntan directamente a la diputada nacional Lorena Villaverde, señalada por impulsar públicamente un escrache en redes sociales que derivó en la remoción de Alonso. “Se toma una denuncia sin sustento, sin sumario administrativo ni derecho a defensa, y se utiliza como excusa para instalar funcionarios afines a La Libertad Avanza”, denunció Contreras.
Mientras tanto, jubilados que se acercaron a la manifestación manifestaron su indignación por el cierre parcial de la sede y la incertidumbre sobre el futuro del organismo en la zona. “Esto no es solo un ataque a los trabajadores, es un abandono a los jubilados que más necesitan del PAMI. Nos están dejando solos”, expresó un afiliado presente.
En paralelo, legisladores del Partido Justicialista–Nuevo Encuentro y Vamos con Todos presentaron un proyecto de comunicación en la Legislatura rionegrina para exigir al Poder Ejecutivo provincial que intervenga ante lo que consideraron “un hecho de censura, hostigamiento político y violación a la libertad de expresión”.
Según explicaron, el despido y las suspensiones están vinculados a la participación de los trabajadores en medidas de fuerza sindicales vinculadas a protestas por la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. “Se castiga la militancia y la organización, y se desprecia la trayectoria de quienes garantizan el funcionamiento del sistema de salud pública para los adultos mayores”, indicaron.
Desde los bloques también advirtieron que la ausencia de personal y referentes en la sede de PAMI deja a los jubilados sin atención en temas críticos como la gestión de medicamentos, traslados o ayuda para enfrentar el invierno. “La deshumanización del sistema se está ejecutando en tiempo real y con respaldo político local”, sostuvo el legislador Leandro García
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