El Gobierno nacional avanza con un decreto que modifica el régimen vigente desde 2003 para la selección de magistrados de la Corte Suprema. La iniciativa elimina instancias de observación ciudadana y deja sin efecto recomendaciones sobre género, especialidad y representación regional.
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se preparan para publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará el sistema de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Según la información difundida, la medida busca simplificar trámites y acelerar la cobertura de vacantes en el máximo tribunal.
El nuevo decreto introduce cambios sobre el histórico decreto 222/03, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que establecía un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos para la Corte.
Entre las modificaciones previstas, se elimina la instancia de impugnaciones y observaciones que podían presentar ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales ante el Ministerio de Justicia durante un plazo de 15 días. También se suprime la obligación de publicar las postulaciones en diarios de circulación nacional durante al menos tres días.
Desde el Gobierno sostuvieron ante el diario La Nación que existía una “duplicación de instancias administrativas” y una “innecesaria opacidad”. Según la explicación oficial, los cambios permitirán reducir los tiempos del proceso sin afectar la transparencia, ya que el control ciudadano y el debate de los pliegos continuarán en el ámbito del Senado de la Nación.
Cambios en los criterios para seleccionar candidatos
El decreto firmado por Milei y Mahiques también elimina las recomendaciones que establecía la normativa de 2003 para contemplar la diversidad de género, la especialidad y la procedencia regional de los postulantes a la Corte Suprema.
De acuerdo con la información publicada, estos criterios ya habían sido omitidos por la actual gestión durante las postulaciones del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla. Además, el proceso previsto en el decreto 222/03 generó la presentación de impugnaciones que luego también fueron debatidas en el Senado.
La nueva normativa incorpora cambios en los mecanismos de difusión de las candidaturas. A partir de ahora, las postulaciones deberán publicarse de manera obligatoria en la página oficial del Ministerio de Justicia.
También se establece un esquema de información patrimonial para los candidatos. El texto fija plazos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de los postulantes y determina un período de cinco días para la presentación de las declaraciones juradas previstas por la Ley de Ética Pública.
Debate por las vacantes en la Corte Suprema
La iniciativa generó expectativa entre organizaciones vinculadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, que aguardan conocer el contenido completo del decreto antes de emitir una posición institucional.
El anuncio se produce mientras la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos para cubrir cargos en la Justicia Nacional y Federal. Según la información difundida, más de cien postulaciones fueron remitidas al Senado y 74 ya obtuvieron acuerdo constitucional, a la espera de la firma presidencial.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia funciona con tres de los cinco integrantes previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Milei ha manifestado su intención de esperar hasta después de las elecciones de 2027 para cubrir las vacantes, Mahiques impulsa la apertura inmediata del debate. En ese contexto, también trascendieron propuestas de nombres como Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Díaz Cordero para futuras designaciones en el máximo tribunal.
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