El Presidente firmó el rechazo a las leyes aprobadas por el Senado. El oficialismo apuesta a bloquear su reinstauración en Diputados con apoyo de gobernadores y aliados.
Durante este fin de semana, el presidente Javier Milei firmó los decretos que vetan las leyes sancionadas por el Senado que disponían un aumento para jubilados y declaraban la emergencia en el área de discapacidad. La medida se publicará en el Boletín Oficial este lunes, y forma parte de una estrategia política más amplia que incluye negociaciones con gobernadores y bloques legislativos aliados para evitar que Diputados insista con su aprobación.
El Gobierno buscó demorar la oficialización del veto hasta último momento, para dilatar su posible tratamiento parlamentario. En paralelo, desplegó una fuerte ofensiva política para sostener la decisión en el Congreso. La Casa Rosada mantiene conversaciones con mandatarios provinciales, ofreciendo recursos a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos electorales, en especial con miras a las elecciones de octubre.
Como parte de estas negociaciones, cinco diputados de la UCR se incorporaron recientemente al bloque oficialista de La Libertad Avanza. Se trata de Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. El oficialismo también busca apoyo del PRO y otros bloques federales.
Los principales operadores políticos del Gobierno en esta estrategia son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el titular de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas, mantuvieron reuniones con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Desde Balcarce 50 sostienen que las leyes en cuestión se aprobaron en una sesión “inválida” del Senado y que judicializarán las iniciativas si Diputados las rechaza. La estrategia legal está en manos de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
En el oficialismo aseguran que no están dispuestos a ejecutar las partidas presupuestarias que implican las leyes vetadas. “Vamos a ir hasta la última instancia. Los fondos no se van a gastar si no nos dan la razón”, expresaron fuentes cercanas al Ejecutivo.
El Gobierno tampoco cede en la discusión por los cambios en el impuesto a los combustibles, aunque se mostró dispuesto a resignar sólo el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La prioridad de Milei es sostener el equilibrio fiscal, incluso si eso implica una confrontación directa con el Congreso y sectores sensibles como los jubilados y las personas con discapacidad.
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