Legisladores de Chubut y Santa Fe, junto con el exdiputado Facundo Manes, solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el apartamiento de la diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, tras denuncias públicas que la vinculan con causas judiciales en Estados Unidos.
La diputada nacional Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza por Río Negro, enfrenta pedidos de remoción de su banca y de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Las solicitudes fueron impulsadas tras la difusión de denuncias públicas sobre un presunto historial judicial en Estados Unidos vinculado al narcotráfico.
Los planteos fueron presentados ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, por la diputada Ana Clara Romero, del PRO por Chubut, y por el legislador socialista Esteban Paulón, de Santa Fe. También el exdiputado y actual candidato a senador Facundo Manes formalizó un pedido de remoción.
Desde el entorno de Villaverde respondieron que los pedidos se dan “en el marco de la campaña” y que “no tienen asidero”, según declaraciones brindadas a este medio.
Pedidos formales de apartamiento
El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para remover a Villaverde de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a la Cámara a “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente”.
El legislador explicó que su presentación se basa en la investigación publicada por el portal Data Clave, que expuso expedientes judiciales en Estados Unidos y en Argentina que vincularían a la diputada con delitos de narcotráfico y presunto blanqueo de fondos.
En el mismo sentido, la diputada Ana Clara Romero, de Chubut, envió una nota a Martín Menem en la que solicitó el apartamiento de Villaverde, señalando que “más allá de la necesidad de verificar los hechos denunciados, su sola trascendencia pública afecta de manera directa la imagen institucional del Congreso Nacional”.
Romero agregó que la situación genera un “perjuicio para la credibilidad” de la Cámara, ya que, según su planteo, “resulta contradictorio e insostenible que una persona con antecedentes judiciales conduzca una comisión estratégica como la de Energía y Combustibles”.
Argumentos de los legisladores
En su presentación, Romero sostuvo que el “prontuario” de la diputada “dista de brindar el marco de estabilidad y confianza” que requiere la conducción de una comisión clave para la política energética nacional.
Además, mencionó que Villaverde “tendría vedado el ingreso a los Estados Unidos por decisión de ese país”, lo que consideró un elemento incompatible con su rol institucional.
Por su parte, Paulón remarcó que la Constitución faculta al Congreso a actuar ante hechos de inhabilidad moral, y que mantener a la legisladora en el cargo afectaría la imagen pública del Parlamento.
Ambos legisladores solicitaron que el tema sea tratado en el recinto y que se evalúe la remoción de Villaverde tanto de la comisión como de su banca.
Manes pidió su expulsión del Congreso
El exdiputado y neurocientífico Facundo Manes también intervino en el caso con un proyecto de resolución que pide directamente la remoción de Villaverde de la Cámara de Diputados.
“Que una diputada nacional haya estado detenida en Estados Unidos por narcotráfico genera una incompatibilidad ética y política inviable, y el Congreso no puede permitir esto”, expresó públicamente el dirigente radical.
Manes comparó la situación con la del diputado José Luis Espert, señalando que los representantes del pueblo deben “mantener estándares de transparencia y conducta ejemplar”.
Reacciones y contexto
Desde el entorno de Villaverde, sostienen que las acusaciones son parte de una estrategia política y que la diputada “no enfrenta causas judiciales vigentes ni tiene impedimentos legales para ejercer su cargo”.
Hasta el momento, Martín Menem no emitió un pronunciamiento oficial sobre los pedidos de remoción ni sobre la continuidad de Villaverde en la presidencia de la comisión.
La situación abre un nuevo capítulo de tensión política en la Cámara Baja, donde legisladores de distintos bloques reclaman definiciones institucionales frente a las denuncias.
Fuente: Río Negro
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