El Gobierno nacional amplió en 590 millones de pesos el presupuesto del organismo luego de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían denunciado el desfinanciamiento del BNDG.
La crisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) quedó momentáneamente contenida luego de que el Gobierno nacional ampliara en 590 millones de pesos el presupuesto del organismo encargado de realizar análisis de ADN para identificar a bebés robados durante la última dictadura.
La decisión se produjo después de que el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictara una medida cautelar interina intimando al Gobierno de Javier Milei a garantizar el funcionamiento del organismo.
En una resolución firmada este martes, el magistrado consideró cumplida la finalidad de la medida judicial luego de que se resolviera ampliar el presupuesto del BNDG tras una reunión entre autoridades del organismo, representantes de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
“La investigación de graves violaciones a los derechos humanos representa una obligación primordial del Estado en el marco de la protección de los derechos fundamentales”, destacó Ramos Padilla en el fallo.
El reclamo por el funcionamiento del BNDG
El conflicto comenzó el 8 de mayo, cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a jueces y fiscales que el organismo ya no podría continuar tomando muestras biológicas para identificar a posibles nietos y nietas buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
A partir de esa comunicación, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata solicitaron la intervención judicial para garantizar la continuidad del organismo.
Las Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron públicamente que el Gobierno estaba desfinanciando el Banco Nacional de Datos Genéticos y reclamaron la intervención del Poder Judicial y del Congreso para evitar el deterioro del área.
El 14 de mayo, Ramos Padilla ordenó mediante una medida cautelar interina que el Poder Ejecutivo garantizara la operatividad del organismo y reclamó respuestas al vocero presidencial Manuel Adorni.
La advertencia de Ramos Padilla sobre el derecho a la identidad
En la resolución conocida este martes, el juez advirtió sobre los riesgos de afectar el funcionamiento del organismo encargado de preservar las muestras genéticas vinculadas a causas de apropiación de niños durante la dictadura.
“Las condiciones legales están dadas para la persecución penal de todos los delitos, pero los medios para el esclarecimiento de la verdad y la restitución de la identidad corren riesgo de ser desarticulados”, sostuvo Ramos Padilla.
El magistrado también remarcó el rol histórico del país y de las Abuelas de Plaza de Mayo en el reconocimiento internacional del derecho a la identidad.
“La sola posibilidad de que el funcionamiento del BNDG se vea afectado o que no pueda cumplir con sus cometidos significaría un enorme retroceso no solo para la memoria, la identidad y los derechos humanos a nivel nacional, sino también en el mundo entero”, afirmó el juez federal.
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