El Ejecutivo busca suspender una cautelar que ordena transferir $2,5 billones a las universidades y advierte que cumplirla afectaría el superávit fiscal
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Justicia sumó un nuevo capítulo tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones que ordena el pago de $2,5 billones a las universidades nacionales para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida profundiza la tensión institucional en torno al presupuesto educativo.
El Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender el pago y dejar sin efecto la medida cautelar. El planteo sostiene que la normativa impone gastos sin una fuente de financiamiento específica prevista en el presupuesto vigente.
Desde la Casa Rosada argumentan que cumplir con la resolución judicial comprometería uno de los ejes centrales de la gestión: el equilibrio de las cuentas públicas. En ese marco, vinculan el impacto de la ley con el esquema económico en curso.
Según estimaciones oficiales, el costo de la ley representa entre el 0,2% y el 0,23% del PBI, lo que equivaldría a consumir entre el 15% y el 20% del superávit primario proyectado para el año.
El Gobierno condiciona el pago a la decisión de la Corte Suprema
El Ministerio de Justicia fijó una postura clara frente al fallo y advirtió que no habrá desembolsos hasta que intervenga el máximo tribunal. “no habrá pago hasta que se expida la Corte”, señalaron desde el organismo.
En la misma línea, la cartera remarcó que cualquier obligación de pago implicaría reasignaciones presupuestarias en otras áreas del Estado. “el déficit no está permitido”, indicaron como parte de la postura oficial.
El planteo del Gobierno se inscribe en la estrategia de sostener el superávit fiscal como eje del programa económico, incluso frente a decisiones judiciales que impliquen mayores erogaciones.
Mientras tanto, la definición del conflicto quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre la validez de la cautelar y el alcance de la ley.
Las universidades denuncian caída de fondos y preparan movilización
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades nacionales sostienen que la situación financiera del sistema es crítica. Denuncian que las transferencias cayeron un 45,6% en términos reales desde diciembre de 2023.
Según detallaron, esta reducción impactó de manera directa en los salarios. Indican que el poder adquisitivo docente registró una caída de hasta el 50% en el mismo período.
Ante este escenario, el CIN anunció la preparación de una movilización masiva para la primera quincena de mayo, en reclamo de financiamiento y en rechazo a la postura del Ejecutivo.
Además, desde el ámbito universitario cuestionaron la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema al señalar que todos son docentes universitarios, en medio de un conflicto que ahora deberá resolverse en ese tribunal.
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