El proceso por presunta usurpación con “despojo parcial” avanza hacia sentencia tras una única audiencia oral y posiciones contrapuestas entre fiscalía y defensa.
El juicio oral contra Soledad Cayunao por una causa de presunta usurpación iniciada hace tres años en un campo ubicado al este de El Bolsón, sobre el paraje de Arroyo Las Minas entró en su etapa final este martes, tras la realización de una única audiencia en la que declararon una decena de testigos.
La investigación fue impulsada por un propietario de las tierras, quien reconoció haber adquirido el predio mediante una “donación” proveniente de Emiratos Árabes Unidos. La acusación refiere a un supuesto “despojo parcial” ocurrido en febrero de 2023.
Durante la audiencia, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que los testimonios aportaron elementos suficientes para mantener la acusación. En contraposición, los defensores de Cayunao solicitaron su absolución.
La defensa de Cayunao aseguró que “no existió dolo ni desapoderamiento” en la conducta atribuida a la mujer, en línea con la estrategia presentada por Martín Palumbo junto a Milton Díaz.
El eje del conflicto: tierras, límites y financiamiento extranjero
Palumbo planteó además un cuestionamiento sobre el origen de la propiedad del campo. Indicó que el denunciante, Hugo Barabucci, admitió haber comprado las tierras con una “donación” no restituible de dos millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos.
En ese sentido, sostuvo que la operación “fue violatoria de la ley 26.737, cuya derogación fue declarada inconstitucional”, al señalar que la normativa impide a extranjeros adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, ya sea de forma directa o mediante terceros.
El abogado remarcó que el campo del paraje Alto Río Chubut se encuentra a 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile, y solicitó que este antecedente sea remitido al Ministerio Público Fiscal para evaluar la legitimidad de la compra.
Para la defensa, este contexto configura un trasfondo que excede el conflicto puntual y abre interrogantes sobre la titularidad de las tierras en disputa.
La defensa niega ingreso clandestino y usurpación
El abogado Milton Díaz sostuvo que el supuesto ingreso “clandestino” de Cayunao no fue probado durante el juicio. Argumentó que los propios trabajadores rurales reconocieron que el campo, de 14.000 hectáreas, tenía sectores sin alambrado y con límites imprecisos.
Díaz afirmó que “no existió dolo ni desapoderamiento” y explicó que la acusada circuló por el lugar en busca de animales, en el marco de prácticas que definió como ancestrales.
También señaló que la acusación no contempló principios establecidos en la Constitución Nacional ni el convenio 169 de la OIT sobre la preexistencia de los pueblos originarios. Añadió que “ni ella ni nadie de la comunidad superaron límites exprofeso”.
El defensor insistió en que los propios empleados del establecimiento “no tenían claros los límites del terreno”, lo que, a su criterio, debilita la acusación de usurpación.
La fiscalía sostiene la acusación y cita antecedentes
El fiscal Francisco Arrien indicó que los testimonios de empleados rurales, del propietario y de la escribana Teresa Bustamante dieron cuenta de la existencia de un “campamento” dentro del campo y de la negativa de sus ocupantes a retirarse.
Según el fiscal, los integrantes de la lof Cayunao estaban armados con piedras y cañas para “chucear” caballos, lo que reforzaría la hipótesis de ocupación indebida.
Arrien consideró aplicable el antecedente del fallo Buenuleo, al señalar que las prácticas culturales y los reclamos territoriales no pueden ejercerse “por las vías de hecho”.
De este modo, la fiscalía mantuvo la acusación y pidió avanzar hacia una condena.
El conflicto por el agua y la presencia de organizaciones
La audiencia fue seguida por referentes mapuches y organizaciones ambientalistas, que cuestionan el avance de propietarios extranjeros en la zona donde nacen las fuentes del río Chubut.
El lonko Mauro Millán sostuvo durante su declaración que “para nosotros son tesoros vivos” en referencia al agua y la biodiversidad, y advirtió sobre los riesgos de los emprendimientos en la región.
Agregó que la preservación del recurso hídrico es clave “para mapuches y no mapuches” que habitan aguas abajo, y expresó que “las altas cumbres y las nacientes de ríos no deben ser intervenidas” ni expuestas a “intereses foráneos”.
En la misma línea, Moira Millán afirmó que en el juicio se discuten “las mismas cosas que se discuten estos días con la ley de glaciares”.
Posturas enfrentadas y definición judicial
La querella, representada por la abogada Magdalena Sanguinetti, sostuvo que el denunciante es propietario del campo desde 2017 y que los hechos denunciados ocurrieron en febrero de 2023.
Indicó que trabajadores del establecimiento declararon que “nunca habían visto” a Cayunao en el lugar y remarcó que los reclamos territoriales deben canalizarse por vías legales, no mediante “vías de hecho”.
La causa tuvo inicialmente cuatro imputados, pero tres de ellos accedieron a soluciones alternativas con pautas de cumplimiento obligatorio, quedando Cayunao como única acusada en juicio.
El juez Marcelo Álvarez Melinger dará a conocer la sentencia este jueves, tras un proceso que se desarrolló en una sola audiencia y que expone posiciones enfrentadas sobre territorio, legalidad y acceso a recursos en la región.
Sé el primero en comentar