El juicio oral avanzó con testimonios cruzados mientras se cuestiona si la adquisición del campo violó la normativa vigente.
Con una decena de testimonios y posiciones enfrentadas, comenzó el juicio oral por presunta usurpación contra Soledad Cayunao en El Bolsón, en una causa iniciada hace tres años por un propietario que denunció un “despojo parcial” en un campo ubicado al este de la localidad.
Para la fiscalía y la querella, las declaraciones aportaron prueba suficiente para sostener la acusación. En contraste, los abogados defensores Martín Palumbo y Milton Díaz pidieron la absolución al sostener que “no existió dolo ni desapoderamiento” en la conducta atribuida a la mujer.
Palumbo también introdujo un eje vinculado al trasfondo del caso al señalar que el denunciante, Hugo Barabucci, reconoció haber adquirido el campo mediante una “donación” de los Emiratos Árabes Unidos por un monto de dos millones de dólares.
Cuestionamientos a la compra de tierras
El defensor sostuvo que esa operación “fue violatoria de la ley 26.737, cuya derogación fue declarada inconstitucional”, en referencia a la normativa que limita la adquisición de tierras en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros.
Según indicó, el campo ubicado en el paraje Alto Río Chubut se encuentra a 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile, dentro del área alcanzada por esas restricciones. En ese sentido, pidió que los antecedentes sean remitidos al ministerio público fiscal para que se investigue la legitimidad de la compra.
Por su parte, Milton Díaz afirmó que el supuesto ingreso “clandestino” de Cayunao no quedó demostrado durante el juicio, ya que los propios trabajadores del campo admitieron que había sectores sin alambrar y que los límites no estaban claramente definidos.
El abogado aseguró que la acusada solo circuló por el lugar en busca de sus animales, en el marco de una práctica “ancestral”, y remarcó que ni ella ni integrantes de la comunidad “superaron límites exprofeso”.
Postura de la fiscalía y antecedentes
El fiscal Francisco Arrien sostuvo que los testimonios de empleados rurales, del propio Barabucci y de la escribana Teresa Bustamante dieron cuenta de la existencia de un “campamento” de integrantes de la lof Cayunao dentro del campo y de su negativa a retirarse.
Señaló además que, según esos relatos, los ocupantes estaban armados con piedras y cañas para “chucear” a los caballos.
Arrien consideró aplicable el antecedente del fallo Buenuleo, que establece que las prácticas culturales y los reclamos territoriales de pueblos indígenas no pueden ejercerse “por las vías de hecho”.
El conflicto por el agua y las miradas en tensión
La audiencia fue seguida por referentes mapuches y organizaciones ambientalistas que cuestionan el avance de propietarios extranjeros en la zona, donde nacen cursos de agua como el río Chubut.
El lonko Mauro Millán declaró que “para nosotros son tesoros vivos” en referencia al agua y la biodiversidad, y advirtió que los riesgos de los emprendimientos afectan tanto a comunidades mapuches como a pobladores río abajo.
También sostuvo que “las altas cumbres y las nacientes de ríos no deben ser intervenidas” ni quedar expuestas a “intereses foráneos”. En la misma línea, Moira Millán afirmó que en el juicio están en discusión “las mismas cosas que se discuten estos días con la ley de glaciares”.
Argumentos de la querella y definición pendiente
La abogada querellante Magdalena Sanguinetti indicó que Barabucci es propietario del predio desde 2017 y que la usurpación denunciada ocurrió en febrero de 2023. Señaló además que trabajadores del campo declararon que “nunca habían visto” a Cayunao.
Sanguinetti sostuvo que los reclamos territoriales o vinculados al agua deben canalizarse mediante vías legales como amparos u otras acciones judiciales, y no a través de hechos directos.
En el inicio de la causa hubo cuatro imputados, pero solo Cayunao llegó a juicio, ya que los otros tres aceptaron soluciones alternativas con pautas de cumplimiento obligatorio.
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