
La controversia escaló tras acusaciones públicas y derivó en una respuesta legal con respaldo documental sobre el Certificado Único de Discapacidad.
El cruce público que involucró a Ian Moche, su familia y la diputada Lilia Lemoine sumó un nuevo capítulo con la intervención del abogado Andrés Gil Domínguez, quien salió a responder de manera directa a las declaraciones de la legisladora. El tema tuvo repercusión nacional y también impacto en Río Negro, donde el debate sobre discapacidad y exposición pública sigue de cerca estos casos.
La polémica se originó luego de que Lemoine acusara a la madre del niño de “lucrar” con su hijo y de “hacerlo actuar de autista”, expresiones que generaron una fuerte reacción. Las afirmaciones fueron difundidas en redes y espacios mediáticos, y quedaron rápidamente bajo cuestionamiento.
Ante ese escenario, Gil Domínguez tomó la palabra y llevó la discusión al plano legal. En su respuesta, rechazó las acusaciones y anunció que contaba con documentación oficial que acreditaba la condición del niño dentro del espectro autista.
El eje de su planteo se centró en un documento estatal que, según explicó, había sido emitido antes de que Ian adquiriera notoriedad pública, dato que buscó poner contexto temporal a la controversia.

El respaldo del Certificado Único de Discapacidad
El abogado detalló que el 18 de febrero de 2020 la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) otorgó el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a Ian Galo Lescano. Según indicó, el documento acredita su pertenencia al espectro autista, nivel 1 con apoyo nivel 1.
Al presentar ese dato, Gil Domínguez afirmó que las declaraciones de la diputada quedaban desmentidas por información oficial del Estado. En ese marco, sostuvo que no se trataba de una discusión de opiniones, sino de hechos verificables mediante documentación pública.
El letrado fue más allá y realizó una convocatoria pública dirigida a Lemoine para revisar la información. La invitación incluyó un procedimiento formal para dejar constancia de lo presentado.
En ese sentido, propuso fijar “fecha, hora y lugar” para exhibir toda la documentación ante un escribano, verificarla y labrar un acta pública, según expresó Andrés Gil Domínguez.
El cierre del cruce y el planteo institucional
En el tramo final de su respuesta, el abogado pidió que la diputada deje de “mentir y agredir a un niño que pertenece al espectro autista”, y reclamó que ejerza su función con “mínima dignidad constitucional”, de acuerdo a sus palabras.
El mensaje cerró con una frase que volvió a amplificar la discusión pública y circuló ampliamente en redes sociales y medios: “La tierra no es plana”, señaló Gil Domínguez, en una referencia directa a posicionamientos previos de la legisladora.
Con la documentación oficial presentada y el desafío formal planteado, el conflicto sumó un componente legal que reconfiguró el debate. Por ahora, el intercambio sigue abierto y continúa generando repercusiones en la agenda pública.

Sé el primero en comentar