Referentes de niñez y organizaciones sociales analizaron el proyecto de Régimen Penal de Adolescentes y advirtieron sobre sus efectos en niños y adolescentes.
Bariloche, 3 de febrero de 2026. Organizaciones sociales y trabajadores del área de niñez se reunieron en la ciudad para analizar el proyecto de Régimen Penal de Adolescentes que impulsa el Gobierno nacional y que propone la baja de la edad de punibilidad hasta los 14 años.
El encuentro fue convocado por el Movimiento de Infancia Bariloche, junto a distintas organizaciones sociales que expresaron su rechazo a la iniciativa oficial. El análisis se dio en el marco del tratamiento del proyecto en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Participaron del espacio el Grupo Encuentro, la Fundación Gente Nueva, Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Pastoral Carcelaria y Antu Ruka. Las entidades coincidieron en que la propuesta tiene como eje principal reducir la edad a partir de la cual niños y adolescentes pueden ser imputados penalmente.
Las organizaciones remarcaron que el actual régimen fija en 16 años la edad límite para la imputabilidad penal en delitos graves, un esquema que se encuentra alineado con la Ley de Protección Integral, la Convención sobre los Derechos de Niños y Adolescentes y otros tratados internacionales firmados por Argentina.
El marco legal vigente y el enfoque del proyecto oficial
Según se planteó durante el análisis, la iniciativa del Gobierno se inscribe en una perspectiva punitiva que busca asociar a niños, niñas y adolescentes, principalmente de sectores populares, con la agenda de la inseguridad.
Desde las organizaciones de infancia señalaron que el régimen actual se basa en estándares internacionales de derechos humanos, y que cualquier modificación debería respetar esos marcos normativos vigentes.
Si bien hubo coincidencias en la necesidad de revisar y actualizar el decreto ley que rige desde 1978 la responsabilidad penal adolescente, se aclaró que reducir la edad de punibilidad no constituye una respuesta a los problemas de inseguridad que atraviesan distintos sectores de la población.
En ese sentido, los participantes señalaron que el debate debería centrarse en mejorar las herramientas existentes y no en ampliar el alcance del sistema penal sobre niños y niñas.
Políticas públicas y realidad en Río Negro
Las organizaciones plantearon la necesidad de invertir en políticas públicas de prevención y promoción de derechos, fortalecer a la comunidad organizada y avanzar hacia una justicia especializada y restaurativa.
El objetivo, indicaron, es que los adolescentes en conflicto con la ley penal puedan reparar sus acciones e integrarse nuevamente a su comunidad a través de proyectos de vida que contemplen trabajo, educación, arte, cultura y deporte.
En el caso de Río Negro, se remarcó que son casi inexistentes los casos de delitos graves cometidos por adolescentes. Por el contrario, se señaló que son los adultos quienes, en muchos casos, promueven la inserción de pibes y pibas en redes de narcomenudeo.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que avanzar con la baja de la edad de punibilidad implicaría profundizar un enfoque que no aborda las causas estructurales y que deja de lado las políticas de cuidado y acompañamiento destinadas a la infancia y adolescencia.
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