La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el CECIM pidieron ante la Justicia Federal de Río Grande suspender las obras, perforaciones y operaciones financieras vinculadas al desarrollo de Sea Lion.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron suspender las obras y perforaciones previstas, además de impedir nuevas operaciones financieras relacionadas con el proyecto.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques PL032 y PL004b. Según el cronograma informado por las compañías, la perforación comenzaría a principios de 2027 y la primera producción de petróleo está prevista para 2028.
El reclamo por el impacto ambiental
La demanda sostiene que las empresas avanzan con el desarrollo sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni obtenido las autorizaciones exigidas por la legislación nacional.
Desde Cancillería ya habían rechazado en diciembre de 2025 la decisión final de inversión anunciada por Rockhopper y Navitas. El Gobierno argentino sostuvo que el desarrollo de Sea Lion se realiza sin autorización nacional y que la explotación unilateral de recursos naturales en una zona sujeta a disputa de soberanía contradice las resoluciones de las Naciones Unidas.
Las empresas, en cambio, avanzaron con el proyecto bajo las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas. Navitas, operadora de Sea Lion y propietaria del 65% del proyecto, informó que el desarrollo se encuentra en marcha y que la primera extracción está prevista para marzo de 2028. Rockhopper conserva el 35% restante.
Durante 2026 también comenzaron trabajos de infraestructura en las islas, con avances informados en el muelle y la base terrestre, mientras continúa la fabricación de equipamiento para la primera fase. La perforación permanece prevista para comienzos de 2027.
Piden suspender obras y operaciones financieras
La acción presentada por AAdeAA y el CECIM plantea que la explotación podría generar impactos sobre los ecosistemas del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur por las perforaciones, el movimiento del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el uso de productos químicos y el riesgo de eventuales derrames.
Las organizaciones solicitaron suspender las obras y movimientos del lecho marino e impedir que las compañías celebren nuevos contratos, reciban desembolsos o constituyan garantías destinadas a continuar con el proyecto.
Además, pidieron identificar a los bancos, fondos de inversión y aseguradoras que participan del financiamiento y disponer un embargo preventivo sobre bienes y activos de las compañías por US$156,4 millones.
El reclamo se suma a la posición que el Estado argentino mantiene frente al desarrollo de Sea Lion. Mientras tanto, Rockhopper y Navitas avanzan con el cronograma y, según lo informado en agosto, analizan ampliar el proyecto mediante un segundo buque FPSO para incrementar la capacidad de producción.
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