La Justicia intervino tras detectar un caso de violencia escolar con ideación suicida. Apuntan a fallas en la respuesta institucional y exigen acciones inmediatas.
Un caso de bullying en Villa La Angostura derivó en la internación de una niña de 11 años que presentó autolesiones severas e ideación suicida, en un contexto de hostigamiento reiterado por parte de compañeros dentro del ámbito escolar.
La situación motivó la intervención de la Justicia de Familia, donde la jueza de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, ordenó medidas urgentes y requirió la actuación del Ministerio de Educación para garantizar condiciones de resguardo.
En su resolución, la magistrada identificó el origen del conflicto en “las agresiones verbales reiteradas sufridas por parte de pares y centradas en su apariencia física”, explicó la jueza Eliana Fortbetil, lo que generó un deterioro progresivo en el estado emocional de la menor.
El cuadro fue confirmado por profesionales durante la internación, quienes indicaron que la paciente presenta “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”, detallaron los especialistas intervinientes.
Intervención judicial y medidas en el sistema educativo
Según se informó, la hospitalización fue necesaria ante un riesgo concreto para la integridad de la niña, en el marco de un cuadro vinculado a la violencia escolar.
La jueza también solicitó la intervención del sistema de salud para que un especialista en psiquiatría infantojuvenil realice una evaluación integral del caso.
En paralelo, el fallo expone cuestionamientos al accionar del establecimiento educativo, al señalar una “insuficiente intervención del ámbito educativo frente a una situación de violencia escolar, agravando el cuadro y contribuyendo a la cronificación del malestar”, consignó la magistrada.
Además, se ordenó a la institución que informe en detalle las medidas implementadas y responda al pedido de cambio de turno solicitado por la alumna, que no había tenido respuesta.
Plan institucional y foco en la convivencia escolar
Como parte de las medidas, la Justicia dispuso la elaboración de un plan institucional específico que incluya prácticas restaurativas para abordar la conflictividad.
Estas acciones deberán apuntar a “visibilizar el daño causado, promover la responsabilización activa, generar instancias de reparación simbólica y/o concreta, reconstruir el clima de convivencia escolar”, establece la resolución judicial.
La magistrada también advirtió sobre la “naturalización de las conductas autolesivas” en un “contexto que no sólo no previene, sino que podría estar favoreciendo dinámicas de riesgo entre pares”, señaló Eliana Fortbetil.
En ese sentido, sostuvo que “los indicadores relevados configuran un cuadro de extrema vulnerabilidad que exige una intervención urgente, integral y coordinada”, remarcó la jueza.
Derechos vulnerados y responsabilidades institucionales
En su resolución, Fortbetil recordó que el derecho a la salud mental, a la vida y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes está protegido por la normativa vigente.
También subrayó la responsabilidad del sistema educativo en la detección temprana y el abordaje de situaciones de bullying.
Finalmente, concluyó que “la situación informada pone en evidencia una falla en los mecanismos de detección temprana e intervención institucional, lo cual impone la adopción de medidas urgentes no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado”, afirmó la jueza Eliana Fortbetil.
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