El proyecto propone restringir el uso de dispositivos móviles en cárceles y establecer un sistema de comunicación institucional controlado para prevenir delitos desde contextos de encierro.
Con una reunión que se extendió durante tres horas y reunió a funcionarios, legisladores y especialistas, la Legislatura del Chubut avanzó en el análisis del proyecto de Ley Nº 17/26, una iniciativa que propone prohibir el uso de celulares en cárceles y regular las comunicaciones en establecimientos penitenciarios de la provincia.
La actividad estuvo encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna; la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera; y la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, Sonia Cavagnini, comisiones a las que fue girada la iniciativa.
Además, asistieron funcionarios judiciales, legisladores, representantes del Ministerio Público Fiscal, autoridades policiales y especialistas en cibercrimen, junto a integrantes de distintos bloques legislativos.
Prohibición de celulares y eje en la seguridad
Sobre el alcance del proyecto Menna explicó: “Esta ley no prohíbe las comunicaciones, sino que prohíbe el ingreso, tenencia, facilitación, uso de equipos o terminales móviles”, y agregó que “establece un régimen de comunicaciones institucionales controladas”, sostuvo Menna.
El vicegobernador planteó el foco de la iniciativa: “¿A quién apuntamos a proteger con esta ley? ¿A 600.000 chubutenses que padecieron, padecen o pueden ser víctimas de estos delitos? ¿O a 840 reclusos?”, expresó Menna.
También remarcó: “No vamos a desconocer los derechos constitucionales de los internos, pero tampoco perdamos de vista a dónde apuntamos con esta ley; garantizando siempre el derecho a la comunicación y a la confidencialidad”, afirmó Menna.
Comunicación controlada y prevención del delito
En relación con la implementación, indicó: “La inversión que habrá que hacer será para los sistemas de control, para garantizar la comunicación controlada y, asimismo, para acceder al derecho a la educación y al derecho a la salud”, sostuvo Menna.
En esa línea, la diputada Aguilera explicó: “La iniciativa se fundamenta en el incremento de delitos cometidos en los contextos de encierro, particularmente en lo que hace a los delitos de extorsión, y la necesidad de establecer un sistema de comunicación, pero compatible con la seguridad”, afirmó Aguilera.
Sustento constitucional y marco legal
Durante su intervención, Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) sostuvo: “El proyecto busca limitar el uso indiscriminado de dispositivos móviles, promoviendo a su vez la reinserción social de las personas detenidas y garantizando condiciones adecuadas tanto para quienes cumplen condena como para quienes se encuentran en prisión preventiva”, indicó Uriona.
Finalmente, indicó que la validez de este tipo de medidas fue respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal, consolidando su aplicación en materia de seguridad en cárceles y control de dispositivos móviles.
Sé el primero en comentar